Elizabeth Juárez Cordero
El conflicto de interés es una expresión de las muchas que definen el abuso del poder, como definición estenográfica de la corrupción; la afectación real o potencial derivada del desempeño de las funciones públicas en favor de intereses personales, familiares o de negocios es, aunque no siempre, resultado de una captura ilegítima del poder público previa, del reparto de botín de las estructuras públicas, en el que cada espacio debe retribuir el ingreso o la permanencia; contrataciones, información privilegiada, impunidad o cualquier otro pago que en dinero, especie o favores haga funcionar la red de complicidad.
Es por ello que, el conflicto de interés que tiene lugar en las instituciones públicas, porque también ocurre en el ámbito privado, es apenas la punta del iceberg de una condición más profunda, estructural se suele decir, porque forma parte de un orden social que hace reproducir una serie de reglas no escritas, sostenidas en una manera compartida de concebir y relacionarse con el poder público y sus recursos; asumiéndolos como propios o como parte de los dividendos de la camarilla.
Podría afirmarse que la actividad política y la función administrativa del Estado mantienen de origen una relación de intereses contrapuestos, pues mientras la primera vela por los intereses de grupo o partidarios, encaminados a la obtención del poder, la segunda, debe atender a los intereses públicos, los de todas y todos, siendo su objetivo y no otro, el cumplimiento de la función del Estado, para la cual ha sido creada, llámese la defensa de los derechos humanos, la implementación de la política social o educativa, la impartición de justicia o la organización de elecciones.
En normalidad democrática la primera es base para la integración de la segunda, la posición ganadora en las urnas es quien realiza las designaciones administrativas, exceptuando aquellas áreas que, por su naturaleza vinculada a la vigencia del juego democrático y sus controles, debieran mantener cierta independencia y autonomía respecto del poder de las mayorías, salvaguardando que incluso con el respaldo mayoritario se transite hacía otra forma no democrática.
Idealmente la posición o coalición ganadora tras convertirse en un poder constituido del Estado, con una misión específica que cumplir dentro de este, deja atrás la búsqueda de la rentabilidad primigenia, transformándose en el guardián del interés público. Sin embargo, de ocurrir así, hace mucho que este ciclo de la corrupción que se reafirma de manera periódica, vía los procesos electorales, en un sinnúmero de democracias en el mundo habría sido agotado.
Por el contrario, los indicadores reflejan un aumento global en la percepción de corrupción, de debilitamiento del Estado de Derecho, como del demérito de las democracias sobre otras formas de organización política; así lo evidencian las entregas de este año de Transparencia Internacional, World Justice Project y Latinobarómetro (2026). La tendencia global compartida de las tres mediciones, contrastadas con los niveles de confianza y de aprobación de no pocos líderes mundiales, solo puede reflejar una perplejidad ciudadana que ha normalizado y enmudecido ante cualquier alternativa posible, a eso que asumimos o justificamos por decisión o abyección comprometida.
Lo ocurrido en el Instituto Nacional Electoral, con la renuncia de su Presidenta Guadalupe Taddei por evidentes conflictos de interés en su gestión, al favorecer el otorgamiento millonario de contratos a proveedores con quienes mantenía una relación de cercanía, es el botón de muestra de una conducta normalizada, y ampliamente documentada a nivel internacional. Para nadie es un secreto el alto riesgo de corrupción que guardan los procesos de compras y adquisiciones, como tampoco son desconocidos los controles y salvaguardas mínimas de integridad con los que deben desarrollarse, partiendo una normativa y criterios claros, actualizados y transparentes en cada una de sus etapas, como de instrumentos de verificación y seguimiento que permitan a lo largo del proceso, prender las alertas antes de su materialización.
Sobre estos actos se ha dicho hay una condición normativa, que dotó de “superpoderes” a la Presidenta del Instituto, tras la reforma que le facultó la entrega de nombramientos estratégicos de la institución, sin el consenso con el resto de las consejerías. La observación no es menor pero no del todo precisa, porque si bien a mayor concentración de poder siempre hay una proclividad a su abuso, a que se transgreda, la existencia de dispersión del poder público no necesariamente garantiza una gestión íntegra, si acaso, genera una serie de candados e incentivos para la observación y el control mutuo, pero incluso ahí, en estas circunstancias no se está libre de corrupción. Pretender acotar la solución del problema de la corrupción pública, al diseño y cumplimiento normativo, es perder la batalla frente a la complejidad de sus causas, al desdeñar los incentivos y beneficios que le permiten subsistir.
Desde luego en el caso aludido, no sólo hubo una concentración de facultades, que diluyeron la vocación de consenso y contrapeso que deben procurar los órganos colegiados, sino que los controles existentes tanto internos como externos fueron inoperantes; el control interno o la facultad fiscalizadora federal, cuya reacción solo vino después de la relevancia que cobró el caso en la opinión pública, como resultado del control social que ejercen algunos medios de comunicación.
En esa suma de conductas pueden describirse, al menos, un uso indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión, peculado; pero en estas coincidieron antes un conjunto de decisiones deliberadas, las de las personas representantes de las empresas como de quienes ostentaban un cargo público, quienes convinieron en una comprensión del poder y de lo público como fuente de riqueza y patrimonio personal.
Es por ello que decir combatir genuinamente la corrupción es una capacidad practicada, puesta a prueba permanentemente, es una forma de pensar, de observar y de actuar, emana profundas reflexiones, es introspectiva porque cuestiona los objetivos, las prioridades y las formas de alcanzarlos, las propias y las de grupo, las de partido, las de gobierno. Desde el servicio público, difícilmente puede activarse esta capacidad de discernimiento y autolimitación, donde no hay nada que perder y sí todo que ganar, donde no procede la vocación, el sentido de trascendencia o la trayectoria bien ganada, sino por el contrario pretende construirse una trayectoria y un patrimonio a costa de lo público.
Más nos vale que las bochornosas escenas que pasarán a la historia del anecdotario de la corrupción, vivifiquen la perplejidad y la normalidad con la que hemos aceptado coexistir, antes que la realidad nos vuelva a regalar un “París a tus pies chamaquito”.
