Durante mucho tiempo las elecciones en México estuvieron marcadas por la desconfianza de una buena parte del electorado y la oposición.
Las elecciones se desarrollaban en el diseño institucional de un sistema político con poca competencia entre partidos, donde la disputa electoral en un primer término, era al interior de los grupos gobernantes.
El PRI como partido hegemónico nació y se desarrolló para ser el partido de todos los partidos nacionales, regionales y estatales. El ente de distribución del conflicto por excelencia.
La participación política con vocación de gobierno y las posibilidades reales de ganar, las tenía exclusivamente el PRI, por lo tanto, la disputa se daba al interior del gobierno. Se manifestaba ciertamente a través del partido, quien en último término postulaba formalmente a los candidatos triunfantes.
En la medida que la pluralidad de la sociedad mexicana se fue expresando en las urnas y que, de manera cotidiana fueron surgiendo expresiones con un contenido político diverso, la lucha por el poder obligó al gobierno a tomar cauces más democráticos.
La sociedad evolucionó en sus manifestaciones políticas, por lo que al interior del gobierno y del partido surgieron las voces que promovían la apertura del régimen.
El cambio que empujaron desde afuera también tuvo un impulso desde adentro. Es falso afirmar que el partido hegemónico no tuviera voces críticas y actitudes democráticas. Hay ejemplos de sobra.
En la distribución del conflicto y la lucha por el poder, el fiel de la balanza, durante muchos años fue el Presidente de la República.
Era el árbitro real, de facto, todopoderoso. El maestro Daniel Cosio Villegas hizo la disección de cuerpo completo de ese árbitro, jefe político, patriarca, factotum. El Presidente de la República era el Poder Ejecutivo, el líder del legislativo tanto de los diputados como senadores. Era en los hechos el jefe de los jueces, gobernadores, sindicatos, de las empresas e instituciones públicas, con la capacidad de decidir en los medios de comunicación e incidir en todos los grupos y factores reales del poder.
En los hechos era también el líder del partido porque avalaba las designaciones de los candidatos que ganaban o los que debían perder.
Carpizo le llamó a este conjunto de atribuciones, las facultades metaconstitucionales del Presidente. La capacidad de decidir y mandar en todos los ámbitos de la vida pública e inclusive la privada, hacia del Presidente el hombre fuerte y, en último de los casos, el arbitro de todas las contiendas.
Así, desde el gobierno se organizaban las elecciones. Fue un modelo que existió en todo el mundo y que se fue agotando paulatinamente en la medida en que la ciudadanía exigía más apertura política. El cambio fue producto del pluralismo.
En el ámbito académico se caracterizaba al modelo mexicano como único en el mundo, porque la legitimidad que se obtenía en las urnas, era fuertemente cuestionada por la oposición. Una buena parte de ese problema se atribuía a que el arbitrro electoral era el propio gobierno.
Vargas Llosa en su exceso imaginario le llamó la Dictadura Perfecta, porque había elecciones, partidos políticos, arbitroelectoral pero no tenían credibilidad los resultados, en vista de una contienda en la que abiertamente participaba el gobierno a favor de sus candidatos.
Se supone que eso es lo que iba a cambiar.
Los esfuerzos de la sociedad mexicana en el ámbito político estuvieron muy orientados a construir un árbitro electoral independiente, los más alejado de los partidos; profesionalizado, ciudadano e imparcial.
Lo que se intentó en el nuevo modelo, fue un árbitro ajeno al gobierno, para que no decidiera las elecciones el poder en turno a través de los programas sociales, de la coacción, cooptación ni presiones de diferente tipo. Un árbitro pretendidamente ciudadano, con operadores políticos que no vinieran de los partidos.
El desafío fue atacar la desconfianza en las elecciones. Es más preciso decir, el resultado de la elección, porque nunca se interrumpieron los procesos electorales ni se proscribieron los partidos o se dio un golpe de estado.
Siempre recuerdo la frase de Juan Linz, “en México todos los días hay democracia, menos el día de las elecciones”.
La convicción de las voces democratizadoras en el PRI, fue fundamental en la ruta de cambio para lograr un árbitro independiente. También lo fueron las presiones internacionales junto con la demanda de democratización y transparencia de una sociedad más demandante, que en conjunto obligaron a un cambio en el esquema de organización electoral. El énfasis fue el árbitro.
La transformación del modelo se orientó para que nadie, ya fuera una persona o un partido, controlara al árbitro, cuyas facultades no se reducen a contar los votos. Tiene amplias responsabilidades en el proceso. Hacer cumplir los tiempos de electorales y los previos, cuidar el manejo de los recursos; vigilar actos anticipados de campaña, capacitar a los funcionarios electorales, construir una cultura de participación política, acreditar observadores y muchos más.
Por todo eso y más, ha resultado profundamente decepcionante saber que el árbitro electoral se ha corrompido. Es injusto decir que el INE funciona mal por la conducta corrupta de su anterior Presidenta, pero es inaceptable pensar que nadie absolutamente sabía de sus manejos. Un lodazal.
Se ha vinculado el origen de Taddei con personajes de alto nivel en la Cuarta Transformación, así que ahí hay un pendiente: la transparencia y la viabilidad del Instituto.
Es un asunto de interés para ellos mismos. Es una obligación moral y política exhibir, despedir y hasta enjuiciara quienes tengan vínculos con manejos indebidos en la institución que había recuperado gran parte de su credibilidad.
Ya no se puede cambiar el sistema, pero el origen del problema es justamente que el árbitro sigue siendo nombrado y cooptado o protegido por el poder y, en ese ejercicio, la democracia no sale bien librada.
