La reciente decisión de la Contraloría General del Estado de Veracruz de clasificar como confidencial en su totalidad la declaración patrimonial y de intereses de la gobernadora Rocío Nahle (correspondiente a los periodos 2023, 2024 y 2025) vulnera el principio de rendición de cuentas que rige a todo servidor público.
La ley sobre la privacidad individual: Aunque la normativa protege los datos personales sensibles, como números de cuenta o domicilios particulares, la legislación en materia de transparencia obliga expresamente a elaborar y publicar versiones públicas de estos documentos.
Decretar la reserva total del patrimonio oculta información que, por mandato legal y de interés público, debe estar al alcance de la ciudadanía.
Soberanía del escrutinio vs. blindaje administrativo: Así como en el ámbito internacional un gobierno ejerce su soberanía sin que se le califique de «político», el escrutinio de los recursos de los gobernantes no responde a persecuciones ni a filias partidistas; es un estándar legal que aplica para cualquier funcionario. Reservar íntegramente este reporte institucional alimenta la suspicacia y distorsiona el deber cívico de la rendición de cuentas.
Inconsistencias y vicios de fondo: La reserva total sienta un antecedente preocupante en la gestión pública. Que el órgano encargado de fiscalizar los recursos prefiera aplicar un candado generalizado en lugar de ponderar y aperturar los datos patrimoniales del Ejecutivo estatal mina la confianza en las instituciones encargadas de combatir la opacidad.
La función pública exige una máxima publicidad que no puede ser relegada bajo excepciones generales. La transparencia sobre los bienes de quienes ostentan el poder no es opcional ni negociable: es una obligación soberana frente al ciudadano común.
