Almoloya de Juárez, EdoMex. Luego de una audiencia inicial que se prolongó por más de 30 horas continuas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto a siete personas más, determinando para la mayoría la medida cautelar de prisión preventiva.
El exmandatario estatal y primer gobernador de oposición en la historia moderna del país permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «El Altiplano», junto con otros de los implicados, mientras se desahogan las investigaciones por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La red acusada y el monto del quebranto
De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, Ruffo Appel y los otros siete imputados formaban parte de una estructura dedicada al «huachicol fiscal» mediante la utilización de 11 empresas para la importación y comercialización irregular de combustibles.
La fiscalía sostiene que la red presuntamente ingresaba combustibles de manera ilegal al país alterando pedimentos aduanales, lo que habría generado una evasión fiscal y un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos.
Estrategia de la defensa: Impugnación y solicitud de traslado
Tras la determinación dictada al término de la extensa jornada judicial, el equipo de la defensa legal del exgobernador adelantó que recurrirá a los recursos de apelación y amparo.
Entre los argumentos centrales de la representación jurídica destaca que la participación de Ruffo Appel se limitaba a funciones meramente administrativas. Por ello, argumentando razones de seguridad, edad y estado de salud, su defensa alista una solicitud formal para buscar el cambio de medida cautelar o, en su defecto, el traslado a un centro penitenciario de menor seguridad o régimen domiciliario, al considerar inadecuada su estancia en un penal de máxima seguridad.
Impacto en la agenda política y la expectativa social
El caso ha provocado inmediatas reacciones en la cúpula política nacional. Mientras sectores de la oposición califican el proceso como un acto de «justicia selectiva», desde el Ejecutivo Federal se ha respaldado la actuación de la FGR, señalando que la investigación responde al combate de la delincuencia organizada y la evasión fiscal en el sector energético.
Ante la magnitud de las investigaciones y los señalamientos en el sector de los hidrocarburos, la ciudadanía se pregunta si este golpe es solo el inicio de una cadena de responsabilidades mayores y si el siguiente investigado o detenido será Adán Augusto López Hernández.
