Yurisha Andrade Morales*
El pasado 3 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento que sus consejos distritales observarán en la realización de los cómputos definitivos de las elecciones para las diputaciones federales, en cuyo apartado 5.10 se estableció, por votación mayoritaria de las consejerías que, si en la realización de los recuentos de casillas, se encontraban boletas sin marcas del doblez que se realiza para introducirlas a la urna, la ausencia del doblez no implicaba que la boleta se excluyera del recuento de manera automática, al contrario, se establecía que la boleta se debía reservar para una valoración final por el pleno del correspondiente consejo distrital, el cual resolvería si se sumaba o no en la votación.
Dicha regulación generó una intensa deliberación en el INE, pero también en las redes sociales y medios de comunicación, en la academia y en la opinión especializada, debido a que diversas fuerzas políticas sostuvieron que es imposible introducir la boleta en la urna sin doblarla. En efecto, conforme con datos oficiales de la institución la boleta de diputaciones federales mide 20 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo, mientras que la ranura de la urna mide 12 centímetros de largo por tres milímetros de ancho. Visto así, resulta imposible depositarla en la urna sin haberla doblado previamente. Los partidos políticos sostuvieron argumentos extremos señalando que al aprobarse estas medidas se generaban condiciones para que se intenten prácticas ilegales de fraudes electorales, razón por la cual los partidos de la oposición impugnaron el procedimiento.
Fue hasta el 7 de octubre cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar la decisión del INE con un argumento tajante: una boleta que carece de las marcas de doblez materialmente necesarias no puede vincularse de forma objetiva con un sufragio emitido en la casilla, deberán excluirse de la sumatoria de resultados, documentarse el hallazgo y mantenerse separadas de la votación computada. Más aún, el Tribunal reiteró algo que todos sabemos: que esta revisión corresponde, por regla general, a las mesas directivas de casillas y, excepcionalmente, a los consejos distritales durante los recuentos.
La lección pública para las autoridades electorales es contundente: ninguna regulación sobre procedimientos electorales puede dejar sombras de duda, al contrario, siempre debe apegarse al principio de certeza y cerrar el paso a cualquier tentación de incurrir en prácticas fraudulentas por cualesquiera de los actores políticos. Abundo en otro argumento, la reglamentación y criterios que emitan las autoridades electorales deben privilegiar la defensa y autenticidad del voto ciudadano, por lo cual debe tener un carácter preventivo y disuasivo de prácticas irregulares que tergiversen la decisión colectiva de los votantes.
En mi opinión, la sentencia del Tribunal y el acatamiento del INE, nos regresan a un estado ideal de la logística electoral y nos reitera que en el escrutinio y cómputo de los votos no hay margen para la discrecionalidad, sobre todo, cuando se trata de boletas que no tienen signos de doblez. Los funcionarios de mesas directivas de casilla son autoridad para separar las llamadas boletas planchadas y, si por una razón desconocida, en los recuentos que realizan los consejos distritales, apareciera alguna, debe separarse sin más, no puede ser ni un voto válido ni un voto nulo, simplemente no se considerarán. Es una forma eficaz para brindarle garantías de certeza a la ciudadanía y cerrar el paso a intenciones ilegales de cometer fraudes electorales.
La sentencia del Tribunal fortalece las garantías de integridad de las elecciones e impulsa la erradicación de la flexibilización interpretativa de mesas de casilla y de los propios consejos distritales estableciendo parámetros claros de valoración con sujeción estricta al principio de legalidad. En estos aspectos no puede haber margen alguno que dé paso a regresar a aquella etapa de nuestra historia donde alterar los resultados electorales era una práctica común. Las elecciones deben continuar siendo el mecanismo legítimo de renovación de los poderes públicos, donde el voto auténtico debe defenderse como un derecho y una premisa fundamental.
Exmagistrada y especialista en materia electoral
@YurishaAndrade
