El exsecretario de Finanzas del Estado se ofende cuando se le pide que explique su patrimonio.
El abolengo, la buena reputación o la imagen que uno tiene de sí mismo no alcanzan para excusar a un funcionario de su obligación de rendir cuentas y de explicar el origen y la evolución de su patrimonio. A muchos de estos servidores públicos se les olvida que los cargos no confieren derechos, mucho menos privilegios. Un cargo público establece funciones e impone obligaciones. El día que entendamos esto, tendremos mejores gobernantes.
Luis Navarro García, hasta hace unos días titular de la Secretaría de Finanzas y ahora aspirante a la alcaldía de Morelia por Morena, presentó a través de los años declaraciones patrimoniales parcialmente públicas cuyas cifras no cuadran y desde que algunos medios locales lo hicieron notar, se ha embarcado en una cruzada para defender su honor personal con todo tipo de argumentos y sin el único dato que importa: una triste y solitaria suma aritmética.
¡Matemáticas, hijo! – gritaba el Gallo Claudio. Lo que tenías en 2021, más lo que ganaste y te prestaron desde entonces, menos tus gastos y pagos de deudas, lo que te salga lo restas de lo que tienes ahora y si es mucho más que cero, nos platicas de donde salió. Claro, hay que poner las cifras correctas, porque es poco creíble que 800 metros cuadrados de construcción en el campo de golf de tres Marías no valgan nada.
Me cuesta trabajo creer que alguien no sepa cuánto vale la casa en la que vive y cuánto le debe al banco, especialmente si esa persona se presenta a sí mismo como un experto en finanzas que acaba de lograr resultados sin precedentes en la materia. No necesitamos saber lo buena que es su familia, lo afortunada que ha sido su vida, lo mucho que lo quiere la gente o lo exitoso que es. Solo queremos unos malditos números para hacer unas operaciones de primero de primaria, porque no se puede condenarlo ni exonerarlo antes de esas modestas sumas y restas, libres de especulaciones y malas leches.
Preguntar por el patrimonio de un servidor público no es guerra sucia ni es campaña de odio. Es un mínimo ejercicio republicano y democrático de rendición de cuentas, y sí se vale hacer las preguntas justamente cuando ese funcionario aspira a un nuevo cargo. Es particularmente oportuno, y si el funcionario en cuestión tuvo a su cargo la ejecución más de 500 mil millones de pesos, no es un despropósito preguntarle si cada peso de su peculio es perfectamente legítimo.
Señor Navarro, no se indigne ni se ofenda con mi pregunta, usted eligió dedicarse a este oficio, a veces satisfactorio y a veces ingrato. Si no le gusta el escrutinio público tal vez deba considerar un cambio de carrera, justo ahora es buen momento.
