Por: Juliette Arroyo
Teuchitlán, Jalisco. Ha pasado más de un año desde el descubrimiento del horror en Teuchitlán, Jalisco, y para las familias, el tiempo se ha convertido en una tortura administrativa.
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) intenta cerrar el caso con cifras y porcentajes, el colectivo «Guerreros Buscadores» denuncia una realidad que el discurso oficial parece querer fragmentar: un sistema forense rebasado y una indolencia institucional que ignora el dolor humano.
La versión oficial frente al testimonio del horror
La FGR reporta un avance del 64.44% en el procesamiento del predio, destacando la detención de 47 personas. Sin embargo, para los padres y madres que buscan a sus hijos, estas cifras están vacías. El colectivo sostiene que la autoridad busca reducir lo ocurrido a un simple «centro de adiestramiento», omitiendo la evidencia de una violencia mucho más profunda.
«Reducir lo ocurrido en ese lugar únicamente a un centro de adiestramiento es ignorar una parte fundamental… En ese predio hubo violencia, dolor y muerte. Se asesinaba a personas de manera sistemática», sentenciaron.
Un año sin rostros, ni nombres
A pesar de los peritajes realizados por la Agencia de Investigación Criminal, la realidad forense es devastadora: no se ha obtenido un solo resultado concluyente que permita la identificación de los restos encontrados.
Esta parálisis se suma a las graves omisiones documentadas por la CNDH, que incluyen:
* Fallas críticas en la preservación de la escena y manejo de evidencias.
* Retrasos injustificados en los análisis de ADN.
* El abandono del procesamiento profundo del predio desde julio pasado.
El Rancho Izaguirre es hoy el símbolo de una crisis que no se resuelve con detenciones, sino con verdad. Mientras el Estado se conforme con procesar la superficie, la herida de las familias seguirá abierta, esperando que la justicia deje de ser un porcentaje y se convierta, por fin, en un reencuentro.
