El debate sobre la regulación del dinero en efectivo en México ha dado un paso decisivo tras la reciente aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa que busca acelerar la transición hacia medios de pago electrónicos y reducir de forma gradual la dependencia del dinero físico en el país.
Con esta decisión, el proyecto pasa al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación.
¿De qué trata la propuesta avalada en San Lázaro?
Contrario a las versiones que sugieren la eliminación inmediata del efectivo, el proyecto no prohíbe ni retira del curso legal los billetes y monedas. Sin embargo, otorga facultades a la autoridad administrativa para restringir de manera progresiva su uso en sectores estratégicos:
• Sectores prioritarios: La iniciativa contempla facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar las actividades donde el pago digital será obligatorio o prioritario, ubicando a las gasolineras y las casetas de peaje como los primeros rubros en la mira.
• Metas de reducción: Se busca reducir hasta un 50% el uso de efectivo en operaciones menores a $500 pesos hacia el año 2027, promoviendo plataformas como CoDi, DiMo, cobro mediante código QR, tecnología contactless y transferencias SPEI.
Justificación oficial: El dictamen argumenta que la medida incrementará la seguridad, reducirá el riesgo de robos en establecimientos, fomentará la inclusión financiera y combatirá la evasión fiscal.
Las sombras de la medida: Comisiones, brecha social e incertidumbre
A pesar del respaldo mayoritario en el pleno de la Cámara de Diputados, analistas económicos, comercios y sectores sociales advierten que la regulación pasa por alto barreras estructurales del país:
• El costo financiero para las PYMES: La bancarización obligatoria impone costos de intermediación privada. Las comisiones por Terminal Punto de Venta (TPV) o agregadores (que oscilan entre el 2% y el 4.5% más IVA), sumadas a las rentas de equipos y retenciones fiscales inmediatas, merman directamente los márgenes de ganancia del pequeño comercio.
• Bancarización forzada y brecha territorial: En comunidades rurales o periurbanas donde predomina la economía informal de subsistencia, exigir tarjeta de débito o crédito para servicios básicos como cargar gasolina quiebra la dinámica comercial local. Esto no solo expone las fallas constantes de conectividad a internet, sino que impone una «cuota de peaje» bancaria a poblaciones cuya economía funciona sin intermediación financiera.
• Impacto en los costos de la cadena de suministro: El costo de las comisiones y la logística para operar digitalmente crea un efecto en cadena. Al encarecer la operación del transporte de insumos o el comercio local, los sobrecostos terminan reflejándose en el precio final de la canasta básica.
• Facultades discrecionales y falta de certeza: Al delegar en la SHCP la capacidad de definir por decreto qué sectores deben dejar el efectivo y en qué plazos, se genera un amplio margen de arbitrio administrativo, dejando a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en incertidumbre jurídica.
• Riesgo de clonación y fraude en puntos vulnerables: Se suma también la preocupación por la ciberseguridad. Puntos de cobro masivos como son históricamente reconocidos como zonas de riesgo para la clonación de tarjetas, alteración de terminales (skimming) y robo de datos bancarios. Obligar el pago digital en estos establecimientos expone a los usuarios a pérdidas patrimoniales sin que existan mecanismos de aclaración rápida por parte de la banca.
