Selficracia

Elizabeth Juárez Cordero

En relativo poco tiempo pasamos del uso de las redes sociales como  espacios de encuentro y discusión sobre lo público, cuyos vasos articuladores permitieron en más de una ocasión ser canales de la indignación, organización y protesta social, a instrumentos vacíos, mensajes efímeros y profundamente irrelevantes.

Muy lejos quedó la promesa de la amplificación de la pluralidad y la expansión democrática, las redes sociales y la sobre exposición digital han logrado sin resistencia hacer coincidir a los iguales, cerrando la puerta a la deliberación pública como al (des)encuentro con los otros, acotando cada vez más lo político.

Porque así como en los primeros años del siglo las técnicas del mercado empezaron  apropiarse del contenido político y las propuestas, como elementos base para la comunicación institucional y de contraste para los procesos electivos, reduciéndolos a productos y diseños de imagen, cual venta de  zapatos por catálogo. El uso de las redes sociales, como base de la comunicación política ha hecho aún más profunda la  intrascendencia de posiciones ideológicas, si es que afirmaban tenerlas, tanto como sus decisiones, lo mismo en  cargos de representación que como parte de las estructuras administrativas, de poderes y órganos autónomos. 

La selficracia, expresada en videos cortos y autorretratos, sumados a una abrumadora homogenización, gracias al uso contagioso de la IA, ha hecho de la reflexión un ejercicio no sólo cada vez menos frecuente sino también innecesario como parte del proceso deliberativo, porque la capacidad de pensamiento y creatividad han sido remplazadas por el algoritmo, y es ahí y no en otro lado que ha empezado la renuncia de la soberanía, la propia.

Si desde hace algunos años se afirmaba un proceso de deterioro democrático;  derivado del déficit de principios, como la  permanencia  de espacios cívicos para la construcción de marcos de exigencia social, tales como la pluralidad e independencia informativa, lo mismo que el análisis y discusión de las universidades y organizaciones sociales, o la claudicación reiterada de los partidos como expresiones de los intereses y demandas públicas, quienes dejaron de asumir responsabilidad en la presentación de postulaciones y programas sustantivos, como la selección de candidatos con estándares mínimos de capacidad e integridad pública más allá de su pertenencia y cercanía con las cúpulas, a la proximidad de la elección de 2027, el futuro inmediato no promete ser mejor.

Lugares comunes y frases hechas a pie de selfie, en escenarios minuciosamente diseñados o no, son el pretexto de cualquier cosa y sin razón alguna, más que la de aspirar, de parecer y aparecer, para en el camino recoger aquello que en la matatena de las candidaturas, permitan el acceso y permanencia al poder público. 

La ampliación de los cargos electivos en nuestro país, a los que se han sumado  jueces y magistrados han incrementado también la sobre exposición y con ella su banalización. El mundial, la comida en los tacos, la carrera matutina o la rutina de gimnasio sin mostrar líneas de expresión ni muestras de sudor, el fin de curso de los niños o el reflejo frente al espejo son solo algunos ejemplos de estas nuevas formas de comunicación virales entre los actores públicos.

En esa viralización superflua, además de la imagen autoconstruida, ha ocurrido como muestra de apropiación del valor y la función pública, el uso de viñetas o tarjetas digitales con información institucional sobre el cargo que se ocupa como propaganda personal, esas que con anterioridad tenían como origen las áreas de comunicación institucional, hoy tiene como la firma autoría el nombre del consejero, la jueza, el secretario; o de quien sea que aspire.

Cierto es que de tiempo atrás, lo trascendente dejó de estar situado en las ideas y su capacidad de contraste, pero entre los riesgos no previstos de la IA y la sobre exposición digital del espacio público hasta lo absurdo, lo último que estamos obligados a preservar es la soberanía del pensamiento y la creatividad como capacidad de decisión pública.

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