Tras exactamente un año de paralización de actividades, el cual inició el 1 de octubre de 2025 , este 30 de septiembre de 2026 se confirmó el fin de la huelga en el Nacional Monte de Piedad.
El acuerdo histórico fue alcanzado en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), permitiendo destrabar el conflicto que mantuvo cerradas las más de 300 sucursales de la institución en todo el país.
El conflicto de fondo, que prolongó el paro durante 364 días, giró en torno a la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) frente a las modificaciones administrativas propuestas por la institución.
Entre los principales motivos de disputa destacaron las acusaciones del sindicato sobre violaciones a cláusulas contractuales, el reclamo por el respeto a prestaciones internas, como el tiempo establecido para alimentos, la exigencia de saldar adeudos y prestaciones retenidas, así como la tensión entre la modernización operativa de la empresa y la protección de la plantilla laboral y las plazas existentes.
El pacto alcanzado con la mediación de la STPS contempla la regularización de las plazas laborales y el compromiso de respetar íntegramente el contrato colectivo.
Asimismo, se estableció el pago del 100% de los salarios caídos generados durante todo el año de paro, los cuales se programaron para liquidarse entre el mes en curso y el siguiente.
Para concluir formalmente el proceso y dar validez legal al acuerdo, el convenio firmado deberá ser ratificado en las próximas horas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Una vez cumplido este requisito normativo, se dará paso a la reapertura gradual de las sucursales a nivel nacional a partir del próximo 7 de octubre, momento en el cual los usuarios podrán acudir de forma presencial a sus centros de atención.
En cuanto al patrimonio de los clientes, la institución recordó que durante el cierre se implementaron medidas de protección como prórrogas escalonadas, refrendos extraordinarios y canales de pago digitales, garantizando que las prendas se mantuvieran bajo resguardo seguro y permitiendo a los usuarios regularizar sus contratos o rescatar sus artículos conforme se retomen las actividades presenciales.
