Durante varios días discutimos si en México alguien podría terminar en la cárcel por hacer un meme del gobierno. La polémica tuvo sentido: la redacción original de la reforma provocó dudas, fue modificada y este 30 de septiembre el Senado aprobó cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La reforma pasó con 72 votos a favor y 34 en contra y ahora continuará su trámite en la Cámara de Diputados.
Pero seguir llamándola “Ley Antimemes” empieza a distraernos de una pregunta bastante más importante: ¿qué nuevo poder estamos dejando escrito en la ley y para qué lo necesita el Estado?
Pensemos en un caso sencillo. Alguien crea una página prácticamente idéntica a la del SAT. Copia su logotipo, sus colores y su apariencia, utiliza un dominio que parece verdadero y empieza a pedir datos personales o dinero. Con las herramientas digitales actuales, y particularmente con inteligencia artificial, fabricar ese engaño es cada vez más fácil y barato, por supuesto que queremos poder perseguirlo.
México, sin embargo, no estaba completamente indefenso frente a algo así. El fraude ya ers delito. También la falsificación de documentos en diferentes supuestos y existen otras protecciones sobre signos oficiales y propiedad industrial. El problema es que había una zona menos clara: una persona podía construir una falsa apariencia institucional sin que necesariamente hubiera consumado todavía el fraude o sin que todo lo realizado encajara limpiamente en las figuras penales tradicionales.
Había, entonces, un problema real que resolver, pero lo interesante empieza cuando preguntamos cómo decidimos resolverlo.
Una posibilidad era crear un delito muy específico de suplantación digital: castigar a quien se haga pasar por el SAT, el IMSS, un banco, una empresa o cualquier otra institución para obtener dinero, información o cometer un delito.
La reforma eligió otra ruta. El nuevo artículo 403 Bis coloca una protección penal específica alrededor de la identidad gráfica, los dominios y los documentos oficiales de las instituciones públicas cuando se utilizan, a escala comercial, para inducir al engaño sobre su origen oficial y con la intención de cometer un ilícito. La pena puede llegar a cinco años de prisión.
La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de proteger a una persona frente a quien se hace pasar por el gobierno. También estamos creando una protección penal específica para la identidad del propio Estado.
Eso no convierte automáticamente la reforma en un instrumento de censura ni demuestra una segunda intención del gobierno. Pero sí justifica algo mucho más elemental: mirar con cuidado la herramienta que sw está construyendo.
Porque una ley no solamente resuelve un problema. También entrega facultades, establece procedimientos y marca hasta dónde puede llegar el poder.
Y mientras esta reforma avanza, otra iniciativa presidencial recorría el Congreso. Ésta modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y tiene que ver con la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet frente a infracciones cometidas por sus usuarios. El 29 de septiembre fue aprobada en comisión de la Cámara de Diputados por 18 votos a favor y seis en contra y pasó al Pleno.
Aquí conviene hacer una precisión importante, desde 2020 la ley mexicana ya obliga a determinados proveedores de servicios en línea, para acogerse al régimen que limita su responsabilidad, a contar con una política que permita terminar las cuentas de infractores reincidentes. No es algo que haya aparecido en 2026.
Lo que ahora propone la iniciativa es hablar de la terminación de la provisión del servicioa infractores reincidentes y ampliar las consecuencias para proveedores que incumplan las nuevas obligaciones. El propio Sistema de Información Legislativa resume la propuesta en esos términos.
Y aquí vuelve a aparecer la misma pregunta, aunque estemos hablando de otra ley: no sólo qué problema queremos resolver, sino qué poder estamos creando para resolverlo.
Proteger los derechos de autor es legítimo. Perseguir una suplantación del SAT también lo es. El punto delicado aparece cuando las soluciones que construimos permiten retirar contenidos, terminar servicios o aplicar sanciones y no queda suficientemente claro para el ciudadano quién toma esas decisiones, bajo qué procedimiento y con qué posibilidades de defenderse.
Artículo 19 ha cuestionado precisamente esos aspectos de la reforma de derechos de autor y advierte que aumentar la responsabilidad de los proveedores puede incentivarlos a restringir primero para evitar sanciones. Esa es una valoración de la organización, no un hecho demostrado sobre cómo funcionará la reforma si finalmente entra en vigor.
Vistas por separado, las dos reformas tienen objetivos distintos. No hay elementos para afirmar que formen parte de un plan para controlar internet y sería irresponsable presentarlas así.
Pero vistas juntas sí nos permiten hacer una pregunta legítima: ¿estamos aumentando, poco a poco, las herramientas con las que el Estado y los intermediarios pueden intervenir en lo que ocurre en el espacio digital?
Y esa pregunta adquiere mayor importancia por el contexto en el que estas leyes están siendo discutidas.
El gobierno ha defendido su derecho a responder cuando considera que un medio, un periodista o un analista publica información falsa. Y ese derecho existe. Un gobierno que contradice a un periodista no lo está censurando simplemente por contradecirlo. La libertad de expresión también permite al gobierno responder y presentar sus datos.
Pero existe una diferencia entre responder a una crítica y utilizar la estructura del Estado para vigilar, clasificar o desacreditar a quienes participan en la conversación pública.
Este año esa frontera volvió a discutirse cuando, desde el espacio gubernamental denominado Derecho de Réplica, se presentó una supuesta “red de amplificación digital” en la que fueron incluidas cuentas de periodistas, comentaristas, analistas y opositores. Articulo 19 cuestionó el ejercicio y sostuvo que no corresponde al Estado monitorear y calificar de esa manera la conversación pública. También advirtió que este tipo de prácticas puede producir efectos inhibitorios o autocensura.
Esto tampoco demuestra que las reformas que hoy se discuten vayan a utilizarse contra periodistas, críticos o ciudadanos, pero no poder afirmarlo tajante tampoco menos importante
Cuando un gobierno pide nuevas herramientas legales, no sólo importa lo que dice que hará con ellas. Importa cómo están redactadas, qué límites tienen y qué impediría utilizarlas mañana de una manera distinta.
Tal vez por eso hemos dedicado demasiado tiempo a tratar de descubrir la intención del Gobierno, sin embargo, es una pregunta prácticamente imposible de responder y, además, no es la más importante.
Las leyes no deberían depender de las buenas intenciones de quien gobierna.
La presidente dejará algún día la elcargo. Quienes hoy integran el Congreso también se irán. Cambiarán los partidos, los funcionarios y las circunstancias políticas. La herramienta jurídica va quedarse, y ahí está lo importante.
Necesitamos poder perseguir a quien crea un SAT falso para robarnos. Necesitamos proteger los derechos de quien escribe, fotografía, compone, investiga o crea una obra. Pero también necesitamos poder criticar al SAT, caricaturizar a una presidenta, hacer sátira, investigar al gobierno, publicar algo que le incomode y cuestionar su versión de los hechos sin preguntarnos si una herramienta creada para combatir otra cosa podría terminar utilizándose contra nosotros.
No tendríamos por qué escoger entre unas cosas y otras.
Una democracia necesita proteger al ciudadano de quien suplanta al gobierno, no proteger al gobierno de quien se burla de él.
Por eso, antes de entregar una nueva facultad, quizá deberíamos hacer una prueba mucho más sencilla que intentar adivinar las intenciones de quienes hoy están en el poder.
Pensemos en el gobierno en el que menos confiaríamos. No importa de qué partido, de qué ideología ni quién lo encabezara. Imaginemos simplemente al gobierno que menos quisiéramos ver utilizando una ley contra sus críticos.
Ahora entreguémosle exactamente las mismas herramientas que estamos aprobando hoy.
Si aun así nos parecen claras, limitadas y suficientemente protegidas contra el abuso, probablemente construimos una buena ley.
Pero si nuestra tranquilidad depende de quién está sentado en Palacio Nacional, entonces quizá el problema nunca fueron los memes. El problema es el poder que dejamos escrito en la ley.
