Yurisha Andrade Morales*
Con datos oficiales, al 30 de junio del año en curso, se registra la muy lamentable desaparición de 122 mil 518 personas que no han sido localizadas. Esta cifra, por sí misma, indica el tamaño del reto que enfrentan las autoridades mexicanas de los tres órganos de gobierno para encontrarlas, además de exigir mecanismos de coordinación con todos los órganos del Estado para acelerar su búsqueda. Es en este contexto como, desde hace varios años, el Instituto Nacional Electoral ha puesto al servicio de la sociedad su capacidad tecnológica y la solidez de sus instrumentos registrales, para apoyar en esta tarea.
En un informe reciente, el INE señala que hasta finales de junio ha atendido 116 mil 360 solicitudes de identificación mediante procedimientos biométricos, de las cuales 45 mil 803 obtuvieron al menos un registro para procesos de identificación, lo que equivale a 39.36% del total. Las autoridades que lo solicitaron confirmaron que lograron 30 mil 352 identidades mediante dictámenes periciales. En relación con diversas acciones de localización de personas, el informe señala que se han atendido 482 mil 655 solicitudes, de las cuales 271 mil 573 generaron registros; de éstos, 135 mil 450 fueron confirmados mediante datos generales como nombre de la persona, fecha de nacimiento y CURP.
Del Informe también se desprende que, a través de estas actividades, se han reforzado los mecanismos de colaboración institucional entre autoridades federales y estatales con este organismo autónomo para lograr la identificación de personas mediante herramientas de biometría como los sistemas AFIS y ABIS utilizados por cuerpos policiales, agencias de seguridad y registros civiles para verificar la identidad de una persona, al comparar sus rasgos físicos contra una base de datos a gran escala. AFIS es un sistema monomodal enfocado a revisar huellas dactilares, mientras ABIS compara muchos otros rasgos de la persona.
Por la relevancia del Informe vale la pena difundir su contenido y reflexionar sobre la importancia de que esa institución amplíe la difusión pública sobre la utilización del padrón electoral y las herramientas biométricas de las que dispone para apoyar en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. El padrón electoral, sin duda, es un patrimonio registral de la sociedad mexicana que, más allá de su utilización en las elecciones federales y locales, propósito para el que fue diseñado, es la base de datos más grande y confiable que tenemos en el país sobre las personas mayores de edad.
Es derecho de las y los ciudadanos saber que la información biométrica que resguarda el Instituto, bajo estrictos estándares de protección de datos, con apego al marco legal que rige la materia, significa una herramienta con la que se han logrado identificar personas y contribuir en diversas acciones de búsqueda a través de convenios de apoyo y colaboración que el INE ha suscrito con diversas autoridades, razón por la cual, el propio Instituto ha señalado que se deben fortalecer sus sistemas de operación para lograr respuestas cada vez más oportunas en la localización de personas desaparecidas.
En mi opinión, como sociedad debe ponderarse la necesidad de ampliar los esquemas de coordinación interinstitucional para que las autoridades que requieran el uso de esta información en labores de búsqueda e identificación, comuniquen los resultados que obtengan en las confrontas biométricas realizadas por el Instituto, pues en el Informe se da cuenta de que, una vez entregada la información, el INE deja de conocer el desenlace de muchos de los casos, por lo que resulta indispensable establecer mecanismos de retroalimentación que permitan saber cuál es el impacto real de estos programas.
Informes de esta naturaleza acreditan la responsabilidad y la seriedad con la que las autoridades electorales administran el padrón electoral y las herramientas con las que se actualiza permanentemente. Es un instrumento básico para la construcción de confianza en las elecciones, pero también, una herramienta de gran utilidad en otras tareas del Estado mexicano como la identificación de personas desaparecidas, razón por la cual debe reconocerse el anuncio del INE de intentar actualizar los convenios de apoyo y colaboración con todas las fiscalías del país, así como de las actividades de apoyo a las comisiones de búsqueda. Se trata de identificar personas, pero también, de contribuir a paliar el dolor de sus familias y de garantizar justicia a personas desaparecidas.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
