El próximo 7 de agosto, Colombia vivirá uno de los traspasos de mando más complejos de su historia reciente. Tras una segunda vuelta definida por un margen inferior al 1 % de los votos, Abelardo de la Espriella se alista para asumir la Presidencia de la República.
La transición no ha traído la tranquilidad esperada tras la contienda electoral. Por el contrario, la atmósfera política se encuentra en un punto crítico debido a la postura que han adoptado tanto el mandatario saliente, Gustavo Petro, como el mandatario electo.
Ambos líderes parecen decididos a seguir tirando de la cuerda en sentido opuesto, en lugar de aflojar la tensión en un país profundamente fracturado.
Tan fragmentado esta, que el 36% de los más de 41 millones de electores habilitados a votar se abstuvo, el presidente electo De la Espriella logro el 31% de los votos sobre el total de los electores, e Iván Cepeda obtiene el 30%. En pocas palabras, el país está dividido en tres, siendo la mayoritaria la que no se quiso expresar. *
Esta dinámica de confrontación permanente no ha sido un accidente, sino el resultado de narrativas antagónicas deliberadamente cultivadas.
Por un lado, el presidente saliente ha enmarcado el fin de su mandato bajo la narrativa de la “resistencia pacífica”, abanderando la defensa de su legado y advirtiendo sobre un eventual retroceso de las reformas sociales.
Por el otro lado, el presidente electo ha mantenido el tono de choque de su campaña, impulsando un discurso de “salvación nacional” y suscitando gestos disruptivos respecto al protocolo constitucional, como el de la polémica propuesta de trasladar la ceremonia de investidura ante el -Congreso en pleno- a una guarnición militar.
Las consecuencias políticas y sociales de este juego de suma cero son inmediatas y profundas. En el plano social, la agitación constante desde la cúpula de poder, incrementa la desconfianza entre los ciudadanos, traslada la hostilidad ideológica a la vida cotidiana y endurece la polarización.
En el plano político, el nivel de crispación anticipa un escenario de parálisis o alta conflictividad legislativa: un Congreso fragmentado, en el que la bancada de oposición se alista para un control riguroso, mientras el nuevo gobierno enfrentará serios desafíos para consolidar gobernabilidad si insiste en actos de exclusión.
Más allá del cálculo coyuntural, el verdadero costo de esta controversia constante recae sobre la salud de la democracia. Cuando la competencia política se plantea en términos existenciales (donde el adversario no es visto como un competidor legítimo, sino como un enemigo al que hay que vencer o resistir), los cimientos institucionales se carcomen.
Las democracias no solo se fracturan por quiebres drásticos; también se deterioran progresivamente, cuando se desconocen las normas no escritas de tolerancia mutua, la contención en el lenguaje y el respeto por las formas republicanas, sacrificadas en nombre del enfrentamiento partidista.
Frente a este complejo panorama, la responsabilidad de desactivar la tensión y garantizar la estabilidad recae principalmente en la administración entrante. Para construir una gobernabilidad sostenible a partir del 7 de agosto, el nuevo gobierno debería considerar tres recomendaciones fundamentales:
Desescalar el lenguaje y transitar hacia el pragmatismo. Es decir, dejar atrás la retórica de campaña y dar paso a una vocación de Estado. Gobernar exige superar la dialéctica de confrontación y concentrarse en la gestión técnica de las prioridades del país, como la atención a la crisis en el sistema de salud, la seguridad y, sobre todo, entender que, si bien fue electo por un tercio de la población, el mandato que recibe es gobernar para todos.
Preservar los símbolos y el culto republicano. Dicho más claramente, respetar los espacios de la institucionalidad (comenzando por realizar el acto de posesión ante el Congreso en Pleno, bajo el marco constitucional tradicional), lo cual transmitiría una señal de madurez política, certidumbre y tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los mercados e inversionistas.
Construir mayorías mediante el diálogo amplio. Dado que el 66% del electorado (sumando quienes se abstuvieron y quienes votaron por Cepeda) optaron por un proyecto distinto, el Ejecutivo requerirá articular alianzas legislativas sensatas con sectores diversos y moderados, evitando la pretensión de gobernar de manera monolítica. El presidente electo ya tuvo su primera derrota en la elección de la directiva del Senado, justamente, por no abrir el diálogo.
El ejercicio de la alta política exige entender que tensionar la cuerda hasta el límite no es demostración de firmeza, sino un hilo delgado camino directo al desgaste de las instituciones democráticas.
*El 3% faltante esta entre votos nulos, en blanco y no marcados.
