El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración.
Se les señala por presunta conspiración para el tráfico de narcóticos y delitos relacionados con el uso de armas de fuego.
La investigación estadounidense sostiene que existió una red de protección institucional que habría favorecido a facciones del Cártel de Sinaloa.
Según el pliego de cargos, la estructura de gobierno estatal habría facilitado operaciones logísticas para la exportación masiva de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio norteamericano.
Además del gobernador, entre los nombres que figuran en la lista de los 10 acusados se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno y actual senador.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la entidad.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Los cargos presentados incluyen conspiración para la importación de sustancias ilícitas y el uso de armamento de alto poder para proteger dichas operaciones.
Las autoridades norteamericanas han solicitado penas severas, que en algunos casos podrían alcanzar la cadena perpetua, dependiendo del grado de participación de cada señalado.
Tras conocerse la noticia, la Fiscalía General de la República (FGR) en México informó que ha iniciado el análisis de la información para integrar carpetas de investigación a nivel nacional. Por su parte, los señalados han rechazado tajantemente las acusaciones, argumentando que se trata de señalamientos sin sustento jurídico.
Este caso representa uno de los desafíos diplomáticos y judiciales más significativos para la administración actual, dada la relevancia jerárquica de los involucrados en la vida política del noroeste del país
