Las recientes manifestaciones de maiceros, cañeros y diferentes productores del campo luchando por establecer precios de garantía decentes, son una pequeña muestra de los problemas que se presentan en el agro.
Las protestas que cerraron carreteras en días pasados, han ido avanzando a niveles que deberían preocupar no sólo al gobierno federal sino a los locales, quienes tienen el contacto directo con los campesinos en sus entidades y están obligados a atender sus reclamos.
México es un gran mosaico de actividades productivas. Tenemos tierras prodigiosas. Todo tipo de climas y biodiversidad que nos distingue en el mundo. Somos dueños de grandes recursos, pero no se refleja en un sector agropecuario productivo, competitivo y capaz de sacar del abandono a sus habitantes, principalmente a los maiceros de subsistencia.
La marginación y la pobreza se expresan de manera más cruda en el campo. Los indicadores de bienestar y desigualdad tienen marcas lacerantes en nuestra vida rural. Si bien es cierto que la urbanización del país avanzó a pasos agigantados desde la segunda mitad del Siglo XX, en el sector rural sigue viviendo casi una tercera parte de los mexicanos.
Según las cifras oficiales, más de la mitad de esa población, aproximadamente 17 millones, vive en la pobreza. Quienes piden el establecimiento de un precio de garantía mínimo para sus productos saben que no es tan sencillo en una economía de mercado. Lo que si es cierto es que podrían contar con una variedad de apoyos, subsidios, créditos, financiamientos, cuotas a la importación, apoyos a la exportación, para revertir el atraso en el sector agropecuario.
En la década de los noventa hubo dos eventos centrales para el futuro inmediato del campo: la apertura del ejido y el Tratado de Libre Comercio.
En el sexenio del Presidente Carlos Salinas se modificó la Constitución para reformar el régimen ejidal de manera que los campesinos transitaran hacia el dominio pleno de las parcelas en ejidos y comunidades.
El argumento de esa decisión fue que la propiedad comunitaria no permitía inversiones para el avance del campo ni tecnología o decisiones que aumentaran la productividad. El eventual tránsito de tierras ejidales o comunales a pequeña propiedad, garantizaría que los propietarios serían sujetos de crédito y se formaría una inercia de inversión y adopción de tecnología e infraestructura, que bajo el esquema ejidal no era posible.
La realidad ha mostrado que no sucedió así. Se beneficiaron más los desarrolladores de vivienda en las zonas urbanas.
No se establecieron cadenas de valor que aumentaran la productividad y la competitividad en la mayoría de los productos del campo. Justamente esa es la queja de maiceros y cañeros: lo que reciben no les alcanza ni para cubrir costos de producción. Y no saben hacer otra cosa. Han sembrado maíz y caña por décadas.
Algunos campesinos en lo particular se beneficiaron de la apertura del ejido pero en general, no hubo una estrategia específica para darle mayor valor agregado a la producción como se planteó con el otro gran evento: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Fueron dos cambios emblemáticos para la liberalización de la economía, que pusieron al mercado como eje central de la actividad económica.
El Tratado de Libre Comercio ha sido una de las mejores decisiones económicas que ha tenido el país y ha beneficiado a cierto sector del agro mexicano. No a todos, ahí está el dilema. Sin embargo, el argumento para su aprobación fue justamente la necesidad de mejorar la competitividad de la economía rural lo cual no ha sucedido.
Se dijo entonces y debería repetirse ahora, que para enfrentar la apertura comercial, los productores de subsistencia, como lo son los maiceros, requerían un período de gracia para que no se importara maíz y no los sacara del mercado el producto estadunidense y canadiense.
También se plantearon esquemas de subsidios diversos, que se otorgaron desde esa época; hoy vemos que no han funcionado para incentivar la producción. Es cierto que de entonces el rendimiento de las semillas provocan un aumento en la producción promedio por hectárea, pero ha sucedido lo mismo en los tres países.
Los sistemas de producción, subsidios y avances tecnológicos de los que se benefician los campesinos de Canadá y Estados Unidos como miembros de la zona de libre comercio son mucho más avanzados que en nuestro país y la importación de maíz disminuye sustantivamente su pecio.
Así surgen las protestas. La liberalización de las tierras y la apertura comercial tenían que estar acompañadas de decisiones sustantivas en infraestructura y políticas de apoyo a la producción. Si no hay avances en materia hidro agrícola, caminos, carreteras, centros de acopio, empaques y otros elementos productivos, no hay forma de mejorar la productividad de nuestro campo.
En un sistema de mercado abierto no existen precios de garantía. Éstos los impone el mercado, pero en todos los países hay programas para mejorar el ingreso de la población campesina en fertilizantes, semilla a bajo costo o mejorada, tractores o maquinaria y equipo en general.
No se caracteriza nuestro sector agropecuario por niveles homologados de productividad. Hay productos que por temporadas tienen un alto valor en el mercado como el aguacate o los jitomates y otros. No todos sufren, no todos ríen.
Siguen los principales problemas con los cultivos de subsistencia como el maíz, con bajos niveles de productividad, altos costos de producción, insumos caros y con poco acceso a mejoras tecnológicas porque no tienen rendimientos que hagan del agro un espacio atractivo a la inversión.
Tal vez sea un buen momento para discutir el modelo de subsidios, importaciones, apoyos diversos para el campo porque la protesta no fue menor y si a todo eso le agregamos el tema de la inseguridad y la delincuencia, el escenario se puede complicar.
