Estamos ante un control de daños político de la 4T, no ante un plan para resolver la crisis de seguridad.
El gobierno federal acaba de presentar, en el Patio Central de Palacio Nacional, el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Una puesta en escena de magnitud nacional para un problema que, más que requerir discursos, exige precisión y resultados. A cinco días de su anuncio —y con reuniones virtuales como sustituto de la participación local—, el plan fue presentado sin consulta real ni con los propios aliados del oficialismo en Michoacán, mucho menos con la sociedad civil.
La retórica es generosa: “más de 100 acciones, 12 ejes y una inversión superior a 57 mil millones de pesos”. Pero detrás del entusiasmo se esconde la misma fragilidad que en los anuncios anteriores. La crisis es de seguridad, y sin embargo, el gobierno decidió presentarla como una cruzada para resolver todo: educación, salud, vivienda, cultura, juventud, indígenas, carreteras y hasta coros infantiles. La dispersión temática luce como ambición, pero en realidad refleja ausencia de foco y sentido de urgencia.
El plan es también un mensaje político: un reproche velado al gobierno estatal y una confesión implícita de que el modelo de “atender las causas” ha fracasado. Si, al séptimo año de la 4T, hay que diseñar un plan integral para reparar lo que supuestamente ya se venía haciendo, la conclusión es simple: lo previo no funcionó. El caso del homicidio del alcalde Carlos Manzo lo ilustra con brutal claridad: su presunto asesino tiene apenas 17 años, formado —si se puede decir así— bajo el amparo de los programas sociales de esta administración.
Tampoco el despliegue de seguridad resiste escrutinio. Los 10,500 efectivos anunciados parecen un refuerzo formidable, hasta que se revisa la letra chica: 4,500 ya estaban en el estado y otros tantos “blindarán las fronteras”, es decir, ni siquiera operarán en territorio michoacano. El refuerzo real sería de menos de 2,000 elementos, apenas una quinta parte de lo prometido.
Más grave aún es la ficción presupuestaria. La cifra oficial de 57 mil millones de pesos se contradice en el mismo comunicado: el monto baja a 37 mil 450 millones cuando se habla de becas y programas del Bienestar, y si se suman los anuncios de cada dependencia, se llega a más de 115 mil millones. Ningún documento público respalda esas cifras. No hay fondo nuevo ni gasto incremental; se trata, simplemente, de sumar todo lo que el gobierno ya gasta cada año en el estado y presentarlo como un “plan”. En la cuenta figuran desde las becas Benito Juárez y Sembrando Vida, hasta hospitales y autopistas que llevan años en construcción.
Pero el verdadero vacío del plan está en lo que no se dice. No hay una sola línea sobre la Guardia Civil de Michoacán, ni sobre las policías municipales o la Fiscalía estatal. Desde el inicio del gobierno federal desaparecieron los fondos que apoyaban a las corporaciones locales, como el FORTASEG, dejando a los municipios sin recursos ni equipamiento. Ese abandono estructural es la raíz de la vulnerabilidad de la seguridad pública y, sin embargo, el documento federal lo ignora por completo.
El llamado Plan Michoacán —que incluso repite el nombre de iniciativas de sexenios anteriores— nace con el mismo vicio que pretende corregir: la simulación. La narrativa de “no están solos” suena bien en el discurso, pero en los hechos, el estado sigue condenado a otro sexenio de soledad.
