Las autoridades reportan menos homicidios y cientos de detenciones desde noviembre de 2025
Por: Catalina LS
La reducción del promedio diario de homicidios dolosos no es suficiente para afirmar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia está dando resultados sostenibles, mientras continúen las extorsiones, el control de grupos criminales sobre algunas comunidades y el desplazamiento forzado de familias.
Lo anterior, lo advirtió en entrevista para este medio de comunicación, Esfera Noticias Analizadas, Lorena Cortés, analista en seguridad y presidenta de la Mesa de Seguridad de la región Morelia, al revisar los avances presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum a casi un año del anuncio de la estrategia federal.
La especialista reconoció que las autoridades reportan menos homicidios y cientos de detenciones desde noviembre de 2025, incluidas algunas relacionadas con el combate a la extorsión. Sin embargo, señaló que esas cifras no permiten conocer si la violencia ha disminuido de manera permanente ni si los arrestos se han traducido en sentencias condenatorias.
Uno de los principales pendientes, sostuvo, es que los gobiernos federal y estatal informen qué ocurrió con las personas detenidas: cuántas fueron vinculadas a proceso y cuántas recibieron una sentencia. Sin ese seguimiento, dijo, los anuncios de capturas no reflejan necesariamente avances en el acceso a la justicia.
Cortés también cuestionó que el balance del Plan Michoacán no permita dimensionar si han disminuido los cobros de piso y las amenazas contra productores, comerciantes y empresarios. Aunque reconoció que existen más denuncias por extorsión, consideró que el indicador central debe ser si las personas pueden trabajar y desarrollar sus actividades sin estar sometidas a los grupos criminales.
Como ejemplo de la persistencia de estas condiciones, mencionó el caso de Uruapan, donde la percepción de inseguridad continúa siendo elevada y las extorsiones siguen entre las preocupaciones de comerciantes y empresarios. Y es que, durante octubre, el municipio registró nuevos hechos violentos que llevaron al envío de refuerzos estatales y a que la Guardia Civil asumiera el control de la seguridad local.
