Un giro definitivo sacudió este martes el proceso legal en contra del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.
Cuernavaca, Morelos. En una nueva audiencia celebrada en los juzgados de Atlacholoaya, la jueza de control Consuelo Adriana Correa Ortiz determinó revocar la prisión preventiva justificada, permitiendo que el exfuncionario enfrente su proceso en libertad restringida.
Esta resolución ocurre apenas un día después de que el imputado fuera formalmente vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en perjuicio de su esposa, la doctora María Felicia Jiménez y de su hijo. Pese a que la víctima presentó formalmente un escrito otorgándole el perdón, la autoridad judicial mantuvo firme la acusación debido a que se trata de un delito que se persigue de oficio.
Para conceder la libertad condicional, el tribunal tomó en cuenta que la defensa de Rodríguez Padilla acreditó formalmente su arraigo y residencia en un domicilio fijo ubicado en la Ciudad de México, lo que a criterio de la juzgadora disminuye el riesgo de sustracción de la justicia.
Sin embargo, para salvaguardar la integridad de los afectados, se le impuso una serie de medidas cautelares estrictas que deberá cumplir durante los próximos tres meses asignados a la investigación complementaria:
- Prohibición absoluta de acercarse o entablar cualquier tipo de comunicación con las víctimas.
- Restricción de salida del país, obligándolo a entregar sus documentos migratorios y de viaje.
- Firmas periódicas obligatorias ante la unidad de medidas cautelares del juzgado.
- La exhibición de una garantía económica por la cantidad de 20 mil pesos.
La decisión judicial de este martes modifica la condición de reclusión del exdirectivo, pero no extingue el delito. La figura de suspensión condicional bajo acuerdo reparatorio mantiene el caso bajo estricta supervisión del Ministerio Público.
La opinión pública permanece atenta al desarrollo de este expediente en el estado de Morelos, el cual se ha convertido en un referente sobre los alcances y límites del perdón de la víctima frente a la acción penal del Estado en casos de violencia de género.
