Jaime Darío Oseguera Méndez
El 2 de julio del año 2000 es la fecha donde simbólicamente terminó el régimen hegemónico del PRI.
Después de siete décadas en el poder ganando la Presidencia de la República, el partido de partidos, que le dio estabilidad e instituciones al país, perdía el gobierno ante el PAN encabezado por Vicente Fox, marcando un punto de transición en el sistema político.
La expectativa inmediata fue la realización de políticas públicas alternativas que tendrían que derivar en lo que el maestro Enrique González Pedrero llamó “transiciones múltiples” con un nuevo sistema y régimen político.
Es decir, cambios sustantivos en todos los ámbitos de la vida púbica, los cuales se operarían en tiempos y circunstancias diferentes. No se podría tener una expectativa de una trasformación en los medios de comunicación por ejemplo, al mismo tiempo o ritmo que los partidos políticos.
La transición generó tinta al por mayor. Los analistas compartían una preocupación central: se acaba un viejo régimen y qué va a surgir de su transición. Veintiséis años después, se han electo nueve legislaturas federales en la Cámara de los Diputados, encargados de operar jurídicamente los cambios que harían nacer un nuevo sistema político.
Sería injusto e inexacto decir que el régimen no ha cambiado, pero no se falta a la verdad al afirmar que la nueva criatura se parece mucho a la anterior. Es normal, Tocqueville nos enseñó que el nuevo régimen siempre es producto de las prácticas del anterior. Hemos sido centralistas durante muchos años, décadas, hoy lo seguimos siendo.
Siempre se acusó la falta de transparencia de la que se sigue adoleciendo en los trámites de muchos ámbitos en la vida pública. La corrupción señalada no necesariamente ha desaparecido; antes bien parece incrustada en la cotidianeidad. No es necesariamente un problema del nuevo gobierno o de un partido: se trata de una ineptitud de todos para y transformar de fondo las condiciones del régimen.
Particularmente hay una deuda en la integración y funcionamiento de los órganos electorales. Tanto en las instancias administrativas como jurisdiccionales.
Antes se hizo el señalamiento sobre la imparcialidad de las instancias electorales, acusándolas de obedecer a la lógica del gobierno. La evolución de ese sistema en que desde el poder se designaba a los árbitros, hasta la aspiración de su posible ciudadanización, fue lenta y siempre empujada desde la oposición, para abrir los espacios, generar equidad y buscar que la alternancia no fuera un accidente sino una constante.
El punto es que hoy la integración de los organismos electorales sigue generando inquietud, suspicacia, en la medida en que son los partidos políticos quienes tienen el control de la designación y en esa medida logran incidir en el funcionamiento de los mismos, en sus resoluciones.
No se ha encontrado la fórmula para que los organizadores de las elecciones y los que sancionan en última instancia los resultados, queden libres del compromiso con quienes los designan.
El asunto es muy sencillo. Se emite una convocatoria aparentemente para quienes desde el ámbito ciudadano cuenten con las credenciales para aspirar a ser árbitros electorales, pero tienen que acudir al cobijo de los partidos para que respalden su nombramiento, lo que generalmente deriva en un compromiso personalísimo derivado del apoyo para su elección
Las generalizaciones son erróneas además de odiosas pero en este caso, aunque hay hombres y mujeres imparciales que sin duda se plantean su tarea desde la objetividad y promueven equidad, el sistema en su conjunto sigue estando mal diseñado.
Si los aspirantes tienen que comprometerse con los partidos o ciertos actores partidistas para lograr la bendición de su designación, sin duda alguna quedan condicionados a regresar el favor. Sucede principalmente en situaciones apretadas, en resultados cerrados o en criterio que permiten la creatividad disfrazada de autonomía.
No se trata de un callejón sin salida. Lo que se requiere son varias cosas. Primero que las convocatorias establezcan criterios transparentes para calificar a los candidatos. Un esquema de puntajes para evaluar las características de los aspirantes. Un sistema de calificaciones sobre sus credenciales académicas. Mientras más preparados mejor calificados. Otro sistema transparente de puntos para quien haya publicado sobre la materia o imparta cursos.
Una asignación adicional de calificaciones para la experiencia. Un examen que debería hacerse público y las dimensiones que sean de mérito para acceder a la designación: su curriculum y la acreditación de no tener antecedentes penales que les impida participar.
Todos estos elementos forman una suma, con criterios públicos previamente establecidos, y los aspirantes que obtengan el mejor puntaje deberían ser designados por el Congreso. Que se imponga el mérito a la influencia. Hay que perder el miedo a la autonomía del arbitro.
Es de todos conocido que muchos aspirantes hacen antesala en las oficinas de los legisladores de todos los partidos quienes en última instancia votan y se “reparten” a los consejeros y magistrados.
Hoy el arbitro electoral debe su designación por lo general a “alguien” en algún partido o ámbito del poder. Este hecho real no los desacredita. En general se elige a operadores destacados en el ámbito electoral, con experiencia y capacidad. El problema es que pueden llegar a estar condicionados o directamente enviados para su participación y todos los partidos están involucrados en esta dinámica.
Es un resabio del viejo régimen. Hoy es un partido mayoritario, ayer fue otro, por lo que es de suponerse que mañana podría ser uno más, así que en algún momento todos se benefician.
Un modelo así no sólo eliminaría la influencia, también impediría que se impongan las fobias. El árbitro electoral no tiene que ser popular ni gustarle a todos. Su función es ser imparcial.
Nos evitaríamos muchos problemas en este bello panorama de la disputa por el poder.
