Plaza advirtió que las consecuencias de la resolución son particularmente delicadas
Por: Catalina LS
24 de junio 2026.- La remoción de cuatro integrantes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), incluido su presidente Ignacio Hurtado Gómez, representa un golpe institucional que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2027 y evidencia una intervención política sobre los órganos electorales, consideró el analista político Antonio Plaza.
Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara la destitución de los consejeros al considerar que incurrieron en una falta grave al nombrar de manera provisional a un contralor interno, Plaza calificó la sanción como desproporcionada y sostuvo que la medida responde más a intereses políticos que a criterios estrictamente jurídicos.
«Ya no podemos hablar desafortunadamente de un INE independiente o autónomo, sino que es un INE que se mueve a intereses», afirmó en entrevista para Esfera Noticias.
En este sentido, Plaza advirtió que las consecuencias de la resolución son particularmente delicadas debido a la cercanía del proceso electoral de 2027.
El especialista también sostuvo que existen elementos para relacionar la destitución con intereses políticos vinculados al senador de Morena, Raúl Morón Orozco, quien busca convertirse nuevamente en candidato a la gubernatura en 2027.
Y es que, el recurso que detonó la investigación del INE fue promovido por José Manuel Guerrero Rascón, identificado políticamente con el grupo morenista encabezado por Morón, además de que la oposición ha señalado presuntos vínculos entre colaboradores cercanos al senador y actores involucrados en el procedimiento.
En ese contexto, consideró que la decisión podría interpretarse como una revancha política derivada de los acontecimientos de 2021, cuando Raúl Morón perdió su candidatura a la gubernatura después de que el INE determinara que no presentó informes de gastos de precampaña y el IEM ejecutara la resolución al negarle formalmente el registro.
Antonio Plaza también alertó sobre los efectos que podría tener la eventual llegada de nuevos consejeros en un proceso acelerado de designación, pues afirmó que quienes sustituyan a los funcionarios removidos enfrentarán cuestionamientos sobre su legitimidad y carecerán del tiempo necesario para adquirir la experiencia requerida antes del inicio del proceso electoral.
