En un intento por minimizar el impacto del reciente homicidio ocurrido al interior del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto en Charo, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha emitido un mensaje de absoluta normalización: «No hay nada de qué preocuparse».
Sin embargo, pretender que la ciudadanía mantenga la calma tras la ejecución de un recluso con un arma de fuego en las entrañas de una prisión de supuesta «alta seguridad» no solo resulta absurdo, sino una grave burla a la inteligencia pública.
El mito de la «alta seguridad»
Si un reo puede ser ejecutado a balazos en su propia celda o módulo, la pregunta que el gobierno evade responder es evidente: ¿cómo ingresó un arma de fuego a un penal de máxima vigilancia? La narrativa de control que se intenta proyectar desmorona su propio peso frente a los hechos:
Falsa tranquilidad: Decir que «no hay de qué preocuparse» invisibiliza la profunda corrupción, vulnerabilidad y colusión que permiten el tráfico de armas tras las rejas.
El riesgo interno y externo: Si el Estado no tiene la capacidad de garantizar el control de un perímetro cerrado y vigilado, resulta insostenible pedir confianza en la seguridad de las calles.
Simulación institucional: El homicidio expone que el penal no opera bajo protocolos de contención ni revisión efectiva, convirtiendo la prisión en una extensión del crimen organizado donde las sentencias y ejecuciones se dictan al interior.
La omisión como estrategia
Reducir un asesinato cometido con arma de fuego dentro de una instalación estatal a un simple «incidente controlado» deja al descubierto la falta de rendición de cuentas. No se trata únicamente de un homicidio más; se trata de la evidencia contundente de que el sistema penitenciario está perforado por la complicidad o la incapacidad.
Mientras los discursos oficiales sigan apostando por el desdén y la minimización, el mensaje real que se envía a la sociedad es claro: si dentro de las cárceles las armas mandan, afuera hay todo por qué preocuparse.
