Esta propuesta fue realizada en conjunto con las y los parlamentarias con Perspectiva de Discapacidad.
Morelia, Michoacán, a 30 de abril del 2026.- “En este Congreso no se legisla más a espaldas del pueblo; hoy, las propuestas de quienes viven día a día con una discapacidad son nuestra prioridad», aseguró la diputada Nalleli Pedraza, al presentar formalmente una iniciativa histórica que busca impulsar la justicia social y accesibilidad real en Michoacán.
Tras un diagnóstico profundo realizado por las y los parlamentarios del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad 2026, Pedraza subrayó que Michoacán enfrenta deudas históricas que no pueden esperar más, especialmente en temas de exclusión lingüística para la comunidad sorda y la precarización de la educación especial.
La iniciativa presentada por la legisladora busca derribar las barreras financieras y educativas que afectan a las familias michoacanas, proponiendo puntos clave como:
• Reconocer la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna y garantizar docentes sordos en las aulas.
• Crear un recurso económico blindado que no pueda ser reducido, destinado a financiar materiales y adecuaciones educativas.
• Obligar a la traducción de las leyes estatales a formatos visuales y señalizados para que la comunidad sorda tenga defensa jurídica real.
• Garantizar el acceso digital para estudiantes con discapacidad, eliminando la brecha de aprendizaje.
Nalleli Pedraza fue enfática en reconocer que esta propuesta es un triunfo de la participación ciudadana, destacando el trabajo de las y los parlamentarios: David Gerardo Guzmán, Pilar Berenice Marín, Sigrid Navarro, Mónica Zúñiga, Nallely Alejandra Salinas, Gemma Méndez y Alberto Zúñiga.
«Mi papel es ser el puente para que sus sueños y necesidades se conviertan en leyes. No es justo que las familias tengan que pagar de su bolsillo por un ‘guía sombra’ o que los servicios de salud y justicia no tengan intérpretes certificados. Estamos aquí para cambiar eso», afirmó Pedraza.
Con esta iniciativa, Nalleli Pedraza reafirma que su compromiso es con la transformación real, donde la inclusión no sea solo una palabra, sino un derecho garantizado por el Estado.
