En una decisión que ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) ha determinado el cierre de las investigaciones relacionadas con la estructura financiera y operativa de la organización religiosa «La Luz del Mundo» en México.
Esta resolución se da a pesar de los procesos abiertos y las sentencias firmes que pesan sobre su líder en el extranjero.
El contraste internacional, mientras que en México la FGR decide no ejercer acción penal, en Estados Unidos, Naasón Joaquín García, el líder de la congregación, ya cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión.
• Sentencia en EE. UU.: Joaquín García se declaró culpable en California por cargos de abuso sexual de menores.
• La postura mexicana: Las investigaciones en nuestro país, que incluían denuncias por trata de personas y lavado de dinero impulsadas en su momento por la Unidad de Inteligencia Financiera, han sido archivadas bajo el argumento de «falta de pruebas contundentes» para judicializar el caso.
Nexos y conflictos de interés
El cierre del caso reaviva la polémica sobre la infiltración de la organización en las altas esferas del poder judicial mexicano.
Se ha documentado la cercanía de diversos funcionarios con la congregación:
Se menciona que integrantes de la judicatura tienen vínculos familiares directos con líderes de la iglesia. Casos específicos apuntan a magistradas y jueces cuyos familiares cercanos ocupan cargos de alta jerarquía dentro de la estructura de «La Luz del Mundo», lo que plantea un evidente conflicto de interés en la supervisión de estas carpetas de investigación.
¿Este cierre de carpeta envía un mensaje de impunidad selectiva, estamos ante una falta de pruebas o ante una red de protección institucional cimentada en vínculos religiosos y familiares?
