La figura del titular del Ejecutivo estatal conlleva una responsabilidad reforzada en el respeto a la ley electoral.
Por: Catalina LS
08 de abril 2026.- Las medidas cautelares del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hacia el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la presunta vulneración a la equidad electoral abrió el debate sobre los límites de la investidura pública en contextos preelectorales, un tema que la abogada y analista política Denisse Bernal consideró especialmente delicado por el peso institucional del cargo.
En entrevista para Esfera Noticias, desde su perspectiva, el punto central no radica únicamente en las declaraciones sobre “el tiempo de mujeres”, sino en el alcance que tiene un gobernador para influir en la opinión pública y en el escenario político.
“Su influencia y el hecho de que tenga la disponibilidad de recursos no solamente financieros, sino también materiales y de opinión por su investidura, representa la violación a un principio súper grave en el material electoral, que es la imparcialidad”, expuso.
Bernal subrayó que la figura del titular del Ejecutivo estatal conlleva una responsabilidad reforzada en el respeto a la ley electoral. En ese sentido, cuestionó que, siendo abogado, Ramírez Bedolla incurra en este tipo de posicionamientos.
En su análisis, también puso en duda el trasfondo del discurso en torno al impulso de las mujeres, al considerar que puede tratarse de una narrativa con fines políticos más que de una política pública integral.
“Qué bien que sea tiempo de mujeres, pero ojalá no solo considerara a una candidata, que también fuera el tiempo de las mujeres para que las mujeres tuvieran mejores oportunidades laborales, educativas, de salud, sociales, de seguridad”.
No obstante, Bernal señaló que este tipo de situaciones no son aisladas, ya que forman parte de prácticas observadas a nivel nacional en los últimos años, donde se han identificado mecanismos o vacíos legales para incidir en procesos electorales en favor de determinados actores políticos.
Como antecedente, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de emitir comentarios sobre el proceso electoral de 2024, con el objetivo de preservar la equidad en la contienda.
Asimismo, y para variar, recordó que las restricciones actuales en materia de propaganda gubernamental tienen su origen tras la elección presidencial de 2006, donde el candidato Andrés Manuel López Obrador denunció la intromisión de Vicente Fox, momento en el que AMLO empujó una reforma para limitar el poder presidencial en los procesos electorales.
