Ante el horror se responde con la brutalidad de castigar a los menores como adultos.
No es sólo el evento del joven de 15 años que cometió un doble homicidio en su escuela de Lázaro Cárdenas, antes estaba el homicida de Carlos Manzo de 17 años, cuya ejecución en el lugar del crimen evitó el debate, que llegó finalmente. La pregunta es pertinente en un país en que el reclutamiento forzoso del crimen organizado no pide actas de nacimiento: ¿qué hacemos con los adolescentes que cometen delitos graves, especialmente delitos violentos?
Desafortunadamente, la respuesta de los gobernantes ha sido la misma idea populista y facilona que se da desde algunos sectores de línea dura: hay que juzgarlos como adultos – incluso hay quien se atrevió a sugerir la pena de muerte. Incomprensible no es. Cuando ocurre un hecho violento de alto perfil como este la indignación y el enojo se apoderan de la opinión pública, domina el deseo de retribución que se presenta como la única forma de justicia, sin embargo, es necesario resistir la tentación del populismo punitivo para que, de estos eventos trágicos, nos quede algo bueno.
Esto es políticamente complejo, no solo porque el ambiente es propicio. La violencia ha dañado a muchos directa y a todos indirectamente, la mano dura es una solución simple y popular en este momento. Además, el gobernador Ramírez ha sido siempre un populista penal, es el hombre de las soluciones obvias, simples y equivocadas. Su respuesta a los problemas de seguridad siempre es ampliar el catálogo de delitos y aumentar las penas, siempre en forma deficiente y arbitraria, con lo que sus intenciones, asumamos que son buenas, terminan fracasando o quedando como meros simbolismos ineficaces.
Les ahorro el debate doctrinal de derechos humanos de porque no debemos juzgar a los menores como adultos. Las posturas son claras y solo diré que los derechos humanos se defienden cuando es difícil defenderlos, no cuando es obvio. Se defienden a pesar de quienes abusan o transgreden, porque se defienden para todos, no para uno. Hay que defenderlos pensando no solo en el chico de la portada de la nota roja, también en tus hijos o tus nietos.
Vayamos a lo práctico: ¿La solución a la violencia cometida por adolescentes es juzgarlos como adultos? ¿En un país donde se cometen más de 30 mil homicidios al año, hay 130 mil desaparecidos y la impunidad supera el 95%? Es decir, vamos a arrojar los casos de los delincuentes adolescentes que son los menos, a la caldera de los demás delincuentes que son los más, donde la injusticia y la impunidad están asentadas. La solución es incluirlos, sin distingo, en el peor de los fracasos institucionales de este país.
Por otro lado, es más fácil redactar una iniciativa de ley malhecha que hacerse cargo del proceso criminal, que no debiera quedar en el adolescente, sino que debe alcanzar a quienes debían cuidar de él ,y en lugar de eso, le pusieron un rifle de asalto en las manos. Es más fácil sumarse al coro de la indignación y proponer una medida, que ni siquiera se podrá aplicar a este caso, que corregir y hacer funcionar el sistema de justicia para adolescentes, en particular su internamiento y rehabilitación, tarea que está a cargo del Ejecutivo, que permitiera rescatar a los jóvenes que delinquen y que de alguna forma también son víctimas.
Está muy mal un gobernante que decide clamar sangre frente al público enojado y se cruza de brazos para atender las responsabilidades difíciles. Pero no sorprende, es la marca de la casa de la 4T.
