Los mexicanos somos sólo parte de la escenografía de un mundial en que la avaricia capitalista ha encarnado en la FIFA.
México vuelve a hacer historia. Es el primer país en albergar tres Copas del Mundo. El Estadio Azteca (aunque le cambien el nombre mil veces) volverá a ser escenario de una inauguración mundialista. Guadalajara y Monterrey recibirán a miles de visitantes. Los gobiernos desplegarán operativos especiales, invertirán recursos públicos y presumirán al país ante el mundo.
Y, sin embargo, queda una pregunta incómoda: ¿para quién es realmente este Mundial?
Los boletos hospitality alcanzan precios equivalentes a varios meses de salario de un trabajador promedio. Incluso las entradas regulares para los partidos más demandados se encuentran fuera del alcance de una gran parte de la población. Paradójicamente, millones de mexicanos vivirán un Mundial organizado en su propio país de la misma forma en que lo harían si se celebrara en Catar o Estados Unidos: frente a una pantalla.
No se trata de un problema de pobreza. La mayoría de quienes no podrán asistir no viven en la miseria. Tienen empleo, pagan impuestos, utilizan la infraestructura de las ciudades sede y contribuyen todos los días al funcionamiento del país. Lo que experimentan es algo distinto: exclusión.
La exclusión es una condición particularmente corrosiva porque ocurre cuando las personas pueden observar un bien, admirarlo, financiarlo indirectamente e incluso sentirse identificadas con él, pero no pueden participar en él. Están dentro del escenario y fuera de la obra al mismo tiempo.
Durante años se nos ha dicho que los grandes eventos deportivos generan derrama económica suficiente para justificar sus costos. Sin embargo, las propias estimaciones económicas para el Mundial de 2026 sugieren que su impacto sobre el crecimiento del PIB mexicano rondará apenas entre 0.1 y 0.13 puntos porcentuales. Es decir, un beneficio real pero muy distante de las expectativas transformadoras que suelen acompañar este tipo de acontecimientos.
Esto nos conduce a una discusión más profunda.
El filósofo Michael Sandel ha advertido que existen bienes cuyo valor social se deteriora cuando se distribuyen exclusivamente mediante el mercado. No porque el dinero sea malo, sino porque algunas experiencias cumplen una función cívica que trasciende su valor comercial.
El Mundial no es un derecho humano. Nadie tiene un derecho subjetivo a asistir a un partido. Pero tampoco es una mercancía cualquiera. Es un acontecimiento cultural, simbólico y nacional que utiliza recursos, infraestructura y capacidades colectivas. Cuando el acceso queda reservado principalmente para turistas internacionales, corporativos y consumidores de altos ingresos, surge una pregunta legítima sobre el límite ético del mercado.
Tal vez hemos cometido un error conceptual al pensar que sólo existen dos categorías posibles: los derechos y las mercancías. La ciudad nos muestra todos los días que existe una tercera categoría. Parques, bibliotecas, museos, plazas, festivales, patrimonio cultural e incluso ciertos eventos deportivos cumplen una función de integración social. No son derechos exigibles ante un juez, pero tampoco deberían quedar completamente sujetos a la capacidad de pago.
Quizá el verdadero sentido del derecho a la ciudad no consiste en convertir cada aspiración colectiva en un derecho subjetivo, sino en garantizar que ciertos bienes permanezcan razonablemente accesibles para la comunidad.
Porque una sociedad puede respetar formalmente todos los derechos y, aun así, producir una creciente sensación de exclusión. Puede ser más rica que nunca y compartir cada vez menos cosas.
Por eso este Mundial deja una enseñanza que va mucho más allá del fútbol. Nos obliga a preguntarnos qué bienes deben seguir siendo de todos antes que de quienes pueden pagarlos.
México será sede de la Copa del Mundo. La cuestión es si los mexicanos seremos también sus anfitriones o solamente el decorado.
