La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fijó su postura esta tarde ante el requerimiento formal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para entregar los teléfonos celulares del exedil Carlos Manzo. La edilesa aseguró que la exigencia sobre los dispositivos forma parte de una estrategia para desacreditar su administración y «quitarla del camino» político, al tiempo que condicionó la entrega de los aparatos a una revisión presencial y bajo sus términos.
El posicionamiento de la alcaldesa
Durante su mensaje, Quiroz sostuvo que su resistencia a ceder los equipos sin supervisión responde a la desconfianza en el manejo ministerial y al riesgo de manipulación de la evidencia. Asimismo, reveló haber realizado una revisión personal previa del contenido de las unidades sin encontrar, según su declaración, alertas previas al ataque.
La controversia jurídica y el manejo probatorio
El discurso político de la edilesa contrasta con los principios del proceso penal y la pericial forense:
- Titularidad de la prueba: Los dispositivos forman parte del patrimonio y la memoria de la víctima, por lo que su análisis responde exclusivamente al derecho de justicia del finado y sus familiares, al margen de disputas administrativas o políticas en el ayuntamiento.
- Invalidez de la revisión privada: Legalmente, ninguna autoridad civil o particular posee facultades para filtrar o calificar la evidencia de una carpeta de investigación; dicha acción vulnera el principio de mismidad de la prueba.
- Dilación ministerial: El episodio deja al descubierto una marcada tardanza por parte de la FGE, corporación que debió asegurar los teléfonos bajo estricta cadena de custodia desde las primeras horas del crimen para evitar la alteración de registros o el borrado remoto de datos.
La fiscalía estatal deberá resolver el procedimiento legal para extraer la información técnica de los equipos sin poner en riesgo la validez del juicio.
