El problema no radica en la existencia de las corporaciones locales, sino en el abandono institucional que durante años han enfrentado por parte de los gobiernos estatales y el federal.
Por: Catalina LS
22 de julio 2026.- La propuesta del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para desaparecer las policías municipales y transferir sus funciones a la Guardia Nacional carece de sustento técnico y parte de un diagnóstico equivocado, afirmó el abogado y politólogo Bernardo León Olea.
El especialista, creador del Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica que dio origen a la Policía Morelia, sostuvo que el problema no radica en la existencia de las corporaciones locales, sino en el abandono institucional que durante años han enfrentado por parte de los gobiernos estatales y el federal.
En entrevista para Esfera Noticias, León Olea señaló que la corrupción y la infiltración del crimen organizado son fenómenos reales, pero advirtió que no son exclusivos de las policías municipales. «Si ese fuera el criterio para desaparecer instituciones, habría que eliminar prácticamente todo el aparato de seguridad y justicia del país», expresó.
Por ello, calificó como débil el argumento utilizado para justificar la desaparición de las corporaciones municipales y consideró que la iniciativa no está respaldada por evidencia que demuestre que centralizar la seguridad mejorará los resultados.
El especialista defendió que las policías municipales representan la primera línea de contacto con la ciudadanía, al conocer el territorio, a sus habitantes y las problemáticas particulares de cada comunidad.
Recordó que, según datos del INEGI, estas corporaciones integran alrededor del 33 por ciento del estado de fuerza policial nacional, pero realizan cerca del 76 por ciento de las detenciones en México, mientras que la Guardia Nacional registra una productividad considerablemente menor pese al presupuesto que recibe.
A su juicio, el propio diagnóstico del gobernador evidencia el verdadero problema: la falta de recursos, armamento y capacitación. Sin embargo, cuestionó por qué, si esa es la causa, la solución planteada sea desaparecer a las policías municipales en lugar de fortalecerlas.
En este sentido, recordó que desde 2008 estas corporaciones cuentan con facultades legales para recibir denuncias e investigar delitos, aunque nunca se les otorgaron los recursos suficientes para desarrollar plenamente esas funciones.
Ante ello. León Olea también atribuyó parte del debilitamiento de las policías locales a la desaparición del programa federal FORTASEG en 2021, subsidio que durante años permitió a los municipios invertir en equipamiento, certificaciones, profesionalización y mejores salarios para sus elementos.
Afirmó que, tras la eliminación de ese fondo y la centralización de los recursos, las corporaciones municipales quedaron en desventaja, pese a seguir siendo las responsables de atender la mayor parte de los delitos cotidianos.
También, en respuesta al planteamiento de Bedolla, recordó la estrategia aplicada en Estados Unidos durante la administración de Bill Clinton, cuando el gobierno federal financió la contratación de 100 mil policías municipales para reforzar la seguridad desde el ámbito local. Según explicó, esa política contribuyó a una reducción importante de la criminalidad y permitió desarrollar modelos de justicia cívica orientados a prevenir la reincidencia.
En contraste, advirtió que en México el 95 por ciento de los delitos corresponden a robos, lesiones, amenazas y otros ilícitos del fuero común que atienden las policías municipales, no la Guardia Nacional. Por ello, concluyó que la discusión debería centrarse en fortalecer a las corporaciones locales y no en desaparecerlas.
