Se exigió a las autoridades no entorpecer la investigación, garantizar el acceso a la justicia y una investigación en apego a derecho
Por: Catalina LS
24 de noviembre 2025.- El Gobierno del Estado de Michoacán está entorpeciendo la investigación en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oceguera, quien el pasado 2 de noviembre obligó a la periodista Dalia Villegas a eliminar los videos recopilados por ella misma, en los que mostraban lo sucedido en la manifestación ocurrida la tarde del mismo día.
Lo anterior, lo dio a conocer la propia Dalia Villegas, quien señaló que a pesar de haber presentado las denuncias, lo que falta para completar la carpeta de investigación son las videograbaciones, mismas que a decir del gobierno del estado fueron borradas automáticamente dos días luego de los hechos.
“Ese planteamiento es inaceptable en un contexto donde existen técnicas de recuperación de información, respaldos de seguridad y procesos de cadena de custodia que deben ser garantizados por cualquier institución pública. Esta negativa ha detenido el avance sustancial de la investigación, pues la carpeta depende de esa evidencia para poder solicitar a audiencia judicial correspondiente. Hoy la carpeta de investigación se encuentra prácticamente integrada, pero detenida por la falta de material videográfico”.
Acompañada del gremio periodístico se destacó que este arrebato violento de un instrumento de trabajo periodístico, además del sometimiento físico por parte de elementos uniformados, la restricción de movimiento y la imposibilidad de documentar un hecho de interés público, constituyen posibles delitos como abuso de autoridad.
“Se rompieron obligaciones del Estado mexicano contenidas en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que exigen proteger y no agredir a la prensa. Se vulneró también el derecho de la sociedad a ser informada. No se afectó únicamente a una persona periodista; se afectó el funcionamiento mismo de un derecho público esencial”, dictó Villegas.
Por esta situación, se exigió a las autoridades no entorpecer la investigación, garantizar el acceso a la justicia y una investigación en apego a derecho, lo que implica que el gobierno entregue los videos sin demora y que la Fiscalía General de la República adopte medidas firmes y en apego a la legalidad.
