La iniciativa busca dar certeza jurídica a compradores, vendedores, notarios, instituciones financieras y familias.
Morelia, Michoacán a 26 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias y proteger el patrimonio de las familias michoacanas, el diputado Alfredo Anaya Orozco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa de reforma al artículo 1558 Bis del Código Civil de Michoacán.
Al exponer la propuesta, el legislador señaló que comprar una casa, adquirir un terreno o invertir en un inmueble representa, para muchas personas, el esfuerzo de años de trabajo, ahorro y sacrificio. Por ello, subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar que estas operaciones se realicen con certeza, transparencia y protección jurídica.
Actualmente, el artículo 1558 Bis contempla la figura del primer aviso preventivo, un mecanismo que permite advertir al Registro Público de la Propiedad que se encuentra en proceso una operación relacionada con un inmueble. Sin embargo, la legislación no establece expresamente una prohibición para inscribir o anotar, durante la vigencia de ese primer aviso, actos posteriores que sean incompatibles con la operación que se pretende formalizar.
“Esta situación puede generar incertidumbre y poner en riesgo los derechos de quienes actúan de buena fe. ¿De qué sirve iniciar una operación inmobiliaria con la debida revisión registral si, mientras se formaliza, pueden presentarse actos que comprometan la seguridad jurídica del inmueble?”, cuestionó.
Anaya Orozco aclaró que no se pretende limitar injustificadamente los derechos de terceros ni impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales. “Lo que buscamos es establecer una regla clara, fortalecer la prioridad registral y evitar que el tiempo necesario para formalizar una operación se convierta en una oportunidad para perjudicarla”, enfatizó.
Con esta reforma, agregó, se da mayor certeza a compradores, vendedores, notarios, instituciones financieras y, especialmente, a las familias que depositan su confianza y su patrimonio en una operación inmobiliaria. Además, se previenen conflictos, se cierran espacios a posibles prácticas fraudulentas y se fortalece la confianza en las instituciones registrales.
“La seguridad jurídica no debe depender de interpretaciones ambiguas ni de criterios administrativos. Debe estar expresamente establecida en la ley. Porque proteger la propiedad es proteger el esfuerzo de las familias; y prevenir el fraude es una responsabilidad que debemos asumir con seriedad”, concluyó.
