STASPE acusa que Gobierno de Michoacán habría pedido a proveedores evitar licitaciones por falta de recursos

La advertencia a las empresas ocurre antes de que el Congreso local apruebe el presupuesto estatal para 2027.

Por: Catalina LS

20 de octubre 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, habría pedido a proveedores del estado no participar en licitaciones públicas ante la falta de recursos para pagar los contratos, aseguró Antonio Ferreira, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), durante la toma de oficinas gubernamentales de este martes.

De acuerdo con el líder sindical, la advertencia a las empresas ocurre antes de que el Congreso local apruebe el presupuesto estatal para 2027. “El gobernador le está diciendo a los proveedores del Gobierno del Estado que no participen en las licitaciones porque no va a haber dinero para pagarles”, declaró Ferreira, quien cuestionó la incertidumbre financiera que, según su versión, enfrenta la administración estatal.

Las declaraciones coinciden con las previsiones presupuestales que expuso Luis Navarro García antes de dejar la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Administración. El exfuncionario advirtió que las dependencias y organismos estatales deberán ajustarse obligatoriamente a los recursos disponibles para 2027, ante el limitado crecimiento del presupuesto.

Las estimaciones apuntan a un gasto estatal cercano a los 110 mil millones de pesos, con un incremento de entre 2.5 y 3 por ciento respecto al año anterior, por debajo de la inflación. Este escenario anticipa restricciones para las dependencias, que deberán cubrir sus necesidades con un aumento presupuestal limitado.

En la protesta, Ferreira también denunció que el cierre presupuestal del 22 de septiembre ha dificultado la compra de materiales básicos, como papel y artículos de limpieza, así como el mantenimiento de edificios, vehículos y equipos de cómputo. Aseguró que estas carencias afectan las labores cotidianas de los trabajadores y la atención a los ciudadanos.

A ello sumó un adeudo superior a los 60 millones de pesos que, según afirmó, la Policía Auxiliar mantiene con la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por recursos retenidos a los trabajadores que no habrían sido transferidos a la institución.

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