Además, deberán reparar de manera solidaria el daño ocasionado a la víctima.
Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, acreditó la responsabilidad de Gabino “N” y José Luis “N” en el delito de secuestro agravado, por lo que un Tribunal de Enjuiciamiento les impuso una pena de 55 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones, el 2 de marzo de 2017, la víctima fue privada de la libertad por varias personas, entre ellas los ahora sentenciados, quienes participaron directamente en su custodia y vigilancia mientras permaneció en cautiverio.
Durante los días siguientes, los responsables establecieron comunicación con familiares de la víctima para exigirles una suma de dinero a cambio de su liberación. Tras diversas negociaciones, la familia reunió y entregó el monto acordado como rescate el 8 de marzo.
Una vez confirmado el pago, la víctima fue liberada el 9 de marzo de 2017, después de permanecer aproximadamente siete días en cautiverio.
Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada, se reunieron datos que permitieron llevar a los responsables ante los tribunales y acreditar su participación en los hechos.
Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el Juez de Enjuiciamiento impuso a cada uno una pena de 55 años de prisión, así como el pago de 4 mil 400 días multa y la suspensión de sus derechos político-electorales durante el tiempo que permanezcan privados de la libertad.
Asimismo, se estableció que los sentenciados no tendrán acceso a beneficios ni sustitutivos de la pena, de conformidad con la legislación aplicable.
En materia de reparación del daño, ambos fueron condenados de manera solidaria al pago de 1 millón 800 mil pesos, correspondiente al recurso entregado por la familia para obtener la liberación de la víctima.
Respecto del daño psicológico, se emitió condena genérica y solidaria, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución de sanciones penales en favor de la víctima directa y de una víctima indirecta.
