La extorsión amenaza la seguridad, destruye fuentes de empleo, frena la inversión y golpea la economía familiar.
Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- La extorsión no solo vulnera la seguridad, sino que también afecta gravemente la economía de las familias mexicanas, al imponer cobros ilegales que ponen en riesgo su patrimonio y fuente de ingresos, señaló Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar la iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Ante el aumento en el delito de extorsión, indicó que es necesario fortalecer la ley existente para castigar de manera más efectiva todas las modalidades de extorsión y garantizar una mayor protección a las víctimas.
“Son las tienditas, las tortillerías, los talleres, las parcelas familiares, los transportistas y las pequeñas empacadoras los que sostienen buena parte del empleo y del abasto nacional; y son, también, quienes enfrentan con mayor vulnerabilidad los efectos de la extorsión. Debemos poner un alto de manera definitiva a este delito que lastima a las familias mexicanas y su economía”.
Tejeda Cid explicó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 10 mil 862 víctimas de extorsión y en 2025 la cifra aumentó a 11 mil 131 víctimas, el registro anual más alto de la última década. Ademas, en el 67 por ciento de los casos las víctimas entregaron lo que exigieron los delincuentes.
“Muchas familias cierran sus negocios, terminan con su fuente de ingresos, incluso llegan a cambiarse de ciudad para volver a encontrar la paz que les quitan quienes se dedican al cobro de extorsiones. No podemos cerrar los ojos, y dejar solos a quienes sufren porque no pueden invertir, trabajar o prosperar”.
El legislador federal recalcó que el objetivo de la iniciativa es que la ley proteja mejor a los pequeños y grandes empresarios, a comercios, productores; porque la seguridad, el empleo, la producción, el patrimonio familiar y el desarrollo regional debe enfocarse a impulsar la prosperidad de las y los mexicanos.
