El reloj corre y la tensión está al límite. A menos de un mes de que venza el plazo definitivo del 30 de junio de 2026, el registro obligatorio de líneas móviles a la CURP enfrenta un rezago histórico. Ante el inminente caos, Carlos Slim alzó la voz exigiendo a las autoridades «darle una reestudiadita» a una estrategia que calificó como «muy complicada» y de avance «demasiado lento».
Las cifras oficiales reflejan la gravedad del problema: de los 158 millones de celulares activos en el país, apenas 50 millones han sido vinculados con éxito. Los 108 millones restantes concentrados en el sistema de prepago o recargas, serán suspendidos de golpe el próximo 1 de julio.
«En el pospago el avance es sencillo, pero en el prepago la situación es radicalmente distinta, va demasiado lento», advirtió el dueño de Telcel, empresa que arrastra el mayor reto al tener 67 millones de líneas sin registrar.
Operadoras como AT&T, Movistar y Bait (con 10 millones pendientes) enfrentan el mismo escenario.
A pesar de la presión empresarial, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) se mantiene firme: no habrá prórroga. La suspensión no solo cortará llamadas; el verdadero impacto para el usuario será el bloqueo a datos móviles, lo que paralizará WhatsApp, aplicaciones de transporte y el acceso a la banca móvil por la falta de códigos SMS.
El freno principal de la ciudadanía es el miedo legítimo a los hackeos. Aunque la CRT aclara que no se guardarán datos biométricos complejos (como iris o huellas) y que las fotos de «prueba de vida» se borrarán tras la validación, el temor a las filtraciones persiste.
Por otro lado, las empresas también corren contra el reloj. Los miles de equipos que dan «a resguardo» a sus empleados deben registrarse obligatoriamente antes de la fecha límite, pero bajo el RFC corporativo y la Razón Social de la compañía, no con la CURP del trabajador.
