La reforma mantiene un elemento que considera problemático
Por: Catalina LS
04 de junio 2026.- Aunque la reciente reforma electoral que crea un mecanismo nacional de verificación de integridad para las candidaturas representa un avance en el combate a la posible infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, su diseño presenta limitaciones que podrían reducir su efectividad, consideró David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán.
En entrevista con Esfera Noticias, Delgado Arroyo explicó que el nuevo esquema no otorga al INE facultades para investigar, sancionar o retirar candidaturas vinculadas con actividades ilícitas, sino que lo convierte únicamente en un facilitador entre los partidos políticos y las instituciones encargadas de la procuración de justicia, inteligencia y seguridad.
“El INE solamente es un facilitador de esa verificación. Recibe las listas de candidaturas que los partidos quieran presentar, las entrega a distintas autoridades y posteriormente recibe una calificación de riesgo que se devuelve a los propios partidos políticos”, señaló.
El funcionario aclaró que la verificación de antecedentes no es una práctica completamente nueva. Recordó que en procesos electorales anteriores existían mecanismos locales donde los partidos podían someter voluntariamente sus candidaturas a revisiones por parte de instituciones de seguridad y procuración de justicia. Sin embargo, indicó que la diferencia ahora es que el proceso se centraliza en una comisión nacional del Consejo General del INE.
“Lo que se busca con esta comisión es que todas las candidaturas, federales y locales, sean verificadas desde una instancia centralizada, cuando antes este procedimiento se realizaba de manera desconcentrada en cada entidad federativa”, explicó.
No obstante, Delgado Arroyo advirtió que la reforma mantiene un elemento que considera problemático: la voluntariedad, pues explicó que los partidos políticos no están obligados a someter sus candidaturas al proceso de revisión, ni los resultados de la verificación condicionan el registro de los aspirantes.
“La decisión final de registrar o no a una candidatura sigue siendo de los partidos políticos. La verificación no condiciona el registro y, además, no se informa cuál es la razón específica de una eventual situación de riesgo”, puntualizó.
Delgado Arroyo recordó que, legalmente, los derechos político-electorales solo pueden suspenderse cuando existe una sentencia firme. En consecuencia, una persona no puede ser excluida de una candidatura únicamente por señalamientos, sospechas o investigaciones en curso.
Es así que, aunque calificó la reforma como un paso positivo para fortalecer los controles sobre las candidaturas, consideró que su efectividad real dependerá de cómo operen los mecanismos de verificación y de la disposición de los partidos políticos para atender las alertas que eventualmente reciban.
