La reforma electoral que discute el Congreso de Michoacán aborda la intervención del crimen organizado con ingenuidad.
Si somos sinceros el gran problema del sistema electoral mexicano es que, con cada vez mayor frecuencia e intensidad, en un mayor número de municipios y para más cargos de elección, el crimen organizado interviene en los procesos electorales desde la postulación de candidatos, la financiación de las campañas, su ejecución y finalmente, la jornada electoral. En el caso de Michoacán, la elección del 2021para gobernador consigna estos hechos, pero los declara insuficientes para nublar los comicios, mientras que en el caso de Sinaloa, una corte estadounidense ha acusado al gobernador Rocha y su equipo de haberse robado la elección con el apoyo del Cártel de Sinaloa.
Hay que decir con contundencia que este no es un problema que puedan resolver las autoridades electorales, como de forma falaz se ha pretendido en el pasado, cuando muchas veces la estructura operativa de los órganos electorales es una víctima más de los criminales. Sin embargo, la legislación electoral sí puede ayudar a enfrentar tan grave problema, que en principio requiere voluntad política y el empleo a fondo y con eficacia del aparato de seguridad nacional.
La reforma electoral que se ha dado a conocer plantea dos acciones directamente relacionadas con el tema. Una, el regreso de las cartas de antecedentes no penales, que es completamente inútil, declarada inconstitucional y que en nada ayuda a detectar ni a detener la penetración del crimen en las candidaturas; y otra, la nulidad de casillas afectadas por la acción de la delincuencia, adecuada pero insuficiente por sí misma, para resolver el fenómeno que es por definición clandestino. Pensar que esta reforma frenará la intervención de los cárteles es ingenuo. Y para que no digan que no hay alternativas permítanme dar algunas ideas que serían eficaces pero que requieren un compromiso real con el tema:
- La creación de un procedimiento especial de seguridad ante el tribunal electoral para denunciar en forma confidencial la intervención del crimen organizado, que incluya la presentación de un informe por parte de las áreas de inteligencia del gobierno para corroborar o desmentir los hechos, y que pueda concluir en un retiro voluntario de la candidatura, su cancelación o en mi siguiente propuesta.
- La cancelación del proceso electoral, determinada por el tribunal electoral en una demarcación que no tenga las condiciones para llevarlo a cabo sin que el crimen organizado condicione el resultado, derivando en la designación de un consejo municipal o un diputado por el Congreso del Estado.
- La nulidad general de la elección por intervención de la delincuencia con criterios específicos y diferenciados de otras causales de nulidad, con la inclusión de información de área de inteligencia gubernamental en forma oficiosa.
- La pérdida del registro o la prohibición de participar en elecciones determinadas como sanción para el partido al que se le cancelen candidaturas o se le anulen elecciones por intervención de la delincuencia y se acredite que incumplieron con sus obligaciones de diligencia para evitarlo.
A grandes males, grandes remedios. Aunque de ninguna manera se sustituye con esto la voluntad para actuar con eficacia desde el aparato de seguridad nacional, estas medidas serían útiles. ¿Estarían dispuestos los partidos?
