CdMeX. En un operativo de inteligencia que marca un cambio en la estrategia contra la delincuencia organizada, fuerzas federales desarticularon una de las estructuras financieras y logísticas más grandes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los resultados de este despliegue, destacando que, tras siete meses de labores de inteligencia, se logró la detención de 14 objetivos prioritarios, entre ellos el líder de la célula, Mauricio «N», alias El Burras. Harfuch enfatizó que esta acción no solo detiene la extracción ilegal, sino que golpea directamente la capacidad operativa de los grupos criminales que han tomado el control de ductos en estados como el Estado de México e Hidalgo.
Respecto al desmantelamiento financiero, el fiscal y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, fue el encargado de desvelar el entramado empresarial que permitía este «huachicol fiscal».
En una acción calificada como «sin precedentes», Lara López expuso cómo la organización operaba mediante:
- Esquemas de simulación: Empresas fachada que generaron operaciones comerciales irregulares por un monto de hasta 23 mil millones de pesos.
- Logística multimodal: Uso coordinado de buques, ferrocarriles y transporte terrestre para fragmentar la trazabilidad del combustible robado y evadir controles aduaneros.
- Corresponsabilidad empresarial: Por primera vez, el golpe alcanzó directamente a empresarios del ramo, clausurando 12 gaseras y bodegas que servían como centros de lavado de dinero y distribución de hidrocarburo ilícito.
Mientras la Secretaría de Seguridad bajo el mando de Harfuch garantiza el control territorial y la captura de los operadores logísticos, la FGR con Ulises Lara a la cabeza se enfoca en desmantelar la estructura que da apariencia de legalidad a estos negocios.
Esta coordinación marca un precedente: el combate al huachicol ya no se libra solo con patrullajes en los ductos, sino en las oficinas de los factureros y en los registros contables de las empresas que, bajo la fachada de la legalidad, financiaban la violencia regional.
