Las corridas de toros no son el problema, el problema es la destrucción del Estado de Derecho.
Envalentonado en su tribuna, el gobernador de Michoacán ha prometido el “cese fulminante de los jueces que se pasen de la raya” a santo de una suspensión de amparo, que durante algunas horas permitiría la realización de una corrida de toros, cosa que al final no pasó. El ayuntamiento de Morelia fue tajante, concedo el permiso en acatamiento del juez y lo revoco en acatamiento del juez. Aquí se cumple con la ley y se respetan los mandatos judiciales.
Lejos, muy lejos de la autoridad municipal, el gobernador despotricó contra el juez, es lo de menos, y después de desplegar una ignorancia jurídica o un deliberado intento de engañar a la gente con afirmaciones como que es inconstitucional que un juez suspenda una ley, afirmó que se habrá “cese fulminante”. Que preocupante y peligroso que un gobernante pretenda imponer su opinión y su voluntad por encima de la Constitución.
Supongamos que el juez se equivocó o se excedió, pues lo habría corregido un tribunal colegiado, que para eso está. Supongamos que el juez sistemáticamente incurre en criterios evidentemente equivocados o que se puede acreditar que en uno o más casos particulares actuó indebidamente a favor de alguna de las partes a cambio de un beneficio. Pues ni así procede lo que Don Alfredo llama “cese fulminante” ni le corresponde a él decretarlo con su fulminante voluntad.
El juez tiene algo que se llama “independencia judicial” y que sirve para que pueda decidir como decían antes los abogados: a su leal saber y entender, porque es un experto y porque tiene una responsabilidad pública. Si no, pues para eso hay evaluaciones de desempeño y hay procedimientos de responsabilidad administrativa y penal. Pero si en lugar de instituciones y debido proceso hay voluntades gubernamentales fulminantes, lo que tendremos no son jueces independientes y profesionales, sino funcionarios abyectos que busquen complacer al poderoso para evitar su fulminación.
El desplante autoritario del gobernador desnuda a su movimiento: hicimos la reforma judicial para que los juzgadores cumplan con nuestros deseos, y “si van a estar igual” pues que venga el “cese fulminante”, porque no se va a tolerar que nada se oponga a la voluntad de los morenistas invictos. Este caso trivial e intrascendente, pero que toca el capricho de la oligarquía, nos ha puesto en el aparador la realidad autoritaria y atrabiliaria del nuevo poder judicial y la nueva división de poderes, es la prueba de lo que dice Luigi Ferrojoli (jurista italiano de talla y fama mundial) en la reciente publicación española que ha puesto de malas a los aplaudidores oficialistas: se ha destruido el Estado de Derecho.
