Yurisha Andrade Morales
El miércoles de la semana pasada la Delegación del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán organizaron un foro sobre la “Erradicación de la Violencia Política contra de las Mujeres en Razón de Género”, propicio este espacio para agradecer la generosa invitación que sus titulares me hicieron para participar, al tiempo que expreso mi reconocimiento a ambas instituciones por el esfuerzo compartido que realizan para visibilizar la problemática que aún aqueja a muchas mujeres que incursionan en la política y en el ejercicio de responsabilidades públicas.
El Foro se organizó a propósito del 8M y para recordarle a la sociedad michoacana que el día 25 de cada mes se distingue, a iniciativa de ONU Mujeres, como el Día Naranja, habiéndose convertido en un símbolo fundamental de lucha que continuamos en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. El objetivo del Foro consistió en refrendar el compromiso que todos y todas tenemos para seguir avanzando en la eliminación de todas las modalidades de violencia que siguen manifestándose en diversos espacios a nivel nacional.
Michoacán no es la excepción, pues todavía enfrentamos diversos problemas para el cabal ejercicio de nuestros derechos humanos en la vertiente político-electoral que se materializan en múltiples expresiones de violencia y de obstáculos para la ocupación y desempeño de cargos públicos, de las cuales tenemos noticia por las múltiples denuncias que se presentan y que dan pauta para desahogar procedimientos sancionadores en contra de los agresores.
Si bien, como ocurre en todo el país, nuestra entidad federativa registra avances relevantes en los derechos políticos de las mujeres, es un hecho que la paridad de género solo ha permitido la participación en política de más mujeres, lo cual no se traduce, en automático, en la integración de órganos legislativos, cabildos y gobiernos totalmente paritarios. En contrasentido, se ha incrementado la VPMRG, con la acotación de que ahora se visibiliza y se aplican procedimientos correctivos.
Hay, todavía, un camino largo por recorrer para materializar la reforma constitucional de 2019 que determinó paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas, no es una concesión gratuita del poder, es un mandato de nuestra Carta Magna cuyo cumplimiento no debe regatearse ni posponerse; se trata de una reforma trascendental, que logró garantizar los derechos políticos de las mujeres obligando a que la mitad de los cargos de decisión sean para mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de partidos políticos a cargos de elección popular y en la elección de representantes ante los ayuntamientos con población indígena.
Para ello, es urgente resolver distintos ajustes estructurales para que las mujeres tengamos una participación real y efectiva que no solo implique que sumemos el 50% de las personas que tomamos las decisiones en las instituciones públicas, sino que se haga sin ningún tipo de discriminación ni violencia, sin abusos ni acosos ni amenazas de ninguna especie.
Considero como prioritario impulsar acciones que fortalezcan y refuercen el principio constitucional de paridad en todo. De entrada, para que en las candidaturas se verifique que más allá de la emisión de lineamientos del INE y de los OPL, en la realidad se supriman elementos de desigualdad que han perjudicado a las mujeres, tales como el hecho reciente de que en el registro de candidaturas federales un partido no cumplió con las reglas de paridad o el hecho comprobado de que los partidos políticos no han destinado el 50% de su financiamiento público para campañas electorales de mujeres, como tampoco han entregado el 50% de tiempos en radio y televisión para promoverlas.
Sabemos que desde antes de 2017 se venían realizando esfuerzos para que los partidos atendieran la VPMRG. Así, en octubre de ese año, los nueve partidos con registro nacional, firmaron 5 compromisos en adhesión a la campaña HeForShe, promovida por ONU Mujeres, entre ellos, implementar protocolos de prevención, atención, sanción y reparación del daño al interior del partido político y, respecto a la publicidad, propaganda política-electoral y campañas, garantizar y verificar que las candidatas mujeres tengan acceso a los recursos en igualdad de circunstancias que los hombres, además de que las campañas no reproduzcan estereotipos de género.
No obstante, en el Informe de cumplimiento se encontró que los partidos sí contaban con protocolos para atender la VPMRG, pero que sus alcances y profundidad variaban; también se observó, con datos obtenidos por el INE, que de los recursos ejercidos por las candidaturas federales fiscalizables en el proceso electoral 2017-2018, el 48.43% fueron asignados a mujeres, mientras que 51.03% fueron para hombres. A nivel local, la diferencia fue mayor que a nivel federal: 37.66% para las mujeres y 62.34% para los hombres.
Estos datos, sumados a muchos otros, demuestran que sigue habiendo barreras que deben derrumbarse para construir una democracia más justa e igualitaria. El reto consiste en seguir avanzando y en construir una cultura cívica y política en torno a la importancia de implantar la paridad en todo y eliminar la VPMRG.
*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
