Los últimos días, el término que más ha cuestionado el actuar de los Poderes de Gobierno en nuestro Estado, ha sido el de las “designaciones y nombramientos” que éstos realizan respecto de los diversos cargos de la Administración pública; donde si bien, en una búsqueda por regularizar los procesos de selección muchos han sido los esfuerzos que desde la legislación se han realizado, tales como: la emisión de convocatorias públicas y abiertas a la sociedad en general, entrevistas con los aspirantes, la utilización de cédulas de evaluación o incluso la previsión de un comité “ciudadano” que coadyuve a otorgar trasparencia a los procesos.
Sin embargo, cualquiera que sea el método utilizado, podemos ver que sencillamente sigue sin funcionar, pues el verdadero vicio no radica en el proceso de selección como tal, sino en los acuerdos que las distintas fuerzas políticas logren conciliar; es decir, “obteniendo cuotas para instalar a los cuates” y así conseguir que de manera más o menos unánime y equitativa, todos ganen.
Si bien, la selección a través de concursos abiertos procura identificar a los candidatos más idóneos para ocupar los cargos; sin embargo, de nada sirve si dichos cargos ya se encuentran previamente reservados siguiendo la dinámica de una cuota partidista; lo que en consecuencia, ha generado que cada vez sea más habitual, el recurrir a los instrumentos legales como el Amparo, a fin de que a través de las instancias judiciales queden evidenciados los vicios en los procedimientos atendiendo a una falta de equidad en la contienda, entre los aspirantes; donde incluso como ciudadanía hemos “normalizado”, que muchos nombramientos se den en la opacidad bajo el sistema de cuotas y se reduzca la profesionalización en las instituciones.
Por lo que si bien no existe una mejor o peor fórmula para llevar a cabo una designación; sin embargo, sí deseamos instituciones consolidadas, donde el punto de partida sea la transparencia –no simulada– de los procesos de designación a cargo de los entes públicos, cualquiera que sea su índole; pues de continuar por esta ruta de cuotas partidistas, es evidente que el sistema de designaciones está próximo a colapsar; llegando al extremo donde los cargos públicos, dependerán únicamente de la presión social y mediática que sobre ellos se realice.
No debemos olvidar, que la implementación efectiva de las políticas públicas depende, entre otras cosas, de la idoneidad de las personas encargadas de ejecutarlas y de las condiciones institucionales en las que esas personas realizan su trabajo; por lo cual, resulta indispensable que los poderes públicos encargados de los nombramientos, transiten hacia prácticas verdaderamente democráticas en las que se pondere el conocimiento en la materia de los perfiles que contienden; y con ello, abonaríamos al fortalecimiento de una cultura institucional donde se privilegie la formación, la integridad y la experiencia de las personas, por encima del padrinazgo político y/o partidario; y con ello, garantizar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
