Un regreso a clases mal ejecutado tendrá consecuencias trágicas, en tanto que ampliar más tiempo la demora en el retorno también. Sí, se trata de una situación en la que es preciso decidir entre dos opciones de riesgo, ese es el dilema educativo.
Más de 30 millones de estudiantes han permanecido alejados de las aulas durante un año cinco meses, según ha informado el gobierno en palabras del propio presidente, a finales del mes de agosto, “llueva, truene o relampaguee” regresarán a clases presenciales.
Para estos momentos no hay quien sostenga que el programa gubernamental Aprende en Casa haya sido un éxito, sino todo lo contrario, la cifras revelan que más de 5 millones de estudiantes abandonaron la escuela debido a la pandemia y la brecha de desigualdad educativa se acentuó de forma alarmante entre quienes continuaron sus clases a distancia y quienes no cuentan ni siquiera con un televisor en casa; por lo que el regreso a clases presenciales es imperioso.
Sin embargo, el aumento de los contagios de Covid-19, el todavía limitado avance en el proceso de vacunación, las particularidades de la variante Delta del virus, que implican un mayor riesgo de contagio; la exclusión de personas menores de 18 años en el plan de vacunación y las condiciones multi diversas de las realidades educativas en el país, imponen retos grandes para instrumentar una estrategia adecuada de regreso a clases.
Se tiene que hacer bien y eso implica capacidad gubernamental para, por lo menos: 1) garantizar recursos para que las escuelas tengan los insumos necesarios a fin de evitar el contagio, el ejemplo más claro es el abasto de agua para lavarse las manos; 2) una adecuada comunicación de la comunidad escolar, a fin de que todos tengan claridad en su tramo de responsabilidad y acción; 3) un protocolo de detección, asilamiento, atención y reincorporación ante los casos de contagio, que implique la aplicación aleatoria de pruebas; y 4) las estrategias de adaptación pedagógica para los modelos híbridos y presenciales con población acotada.
La SEP emitió un decálogo sanitario que incluye desde las medidas de sana distancia, uso de cubrebcas, lavado de manos y aplicación de gel desinfectante, pasando por la creación de comités participativos de salud en las escuelas, filtros de salud en casa, mayor uso de espacios abiertos, evitar la realización de ceremonias cívicas o reuniones, hasta la inscripción a cursos de apoyo socioemocional.
La más polémica de las medidas fue la carta de corresponsabilidad que deberían firmar los padres de familia, la cual ha sido cambiada, desmentida, descalificada e incluso anulada por el presidente. Si lo que pasó con la carta es la probadita de lo que será el plan de regreso, la prospectiva de lo que ocurrirá no es halagüeña, lo grave es que el margen de error toca la vida y salud de la comunidad escolar y sus familias.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan regresar a clases presenciales, no solo por el rezago educativo sino porque muchos de sus padres ya han vuelto al trabajo y por los estragos de estrés que produce el prolongado aislamiento, el tema es si eso debe ser precisamente ahora que la tercera ola de contagios parece incontrolable, si la respuesta es afirmativa, entones los cómos son vitales.
La escuela debe ser vista como un espacio de educación y socialización para enfrentar situaciones como la pandemia, pues en el futuro muy probablemente se repetirán; sin embargo, las encuestas revelan que los padres de familia dudan y su indecisión no es gratuita, pues su referente para definir si llevan o no a sus hijos a la escuela es el fallido manejo de la pandemia por parte del gobierno, esa es la razón de que la mayoría no esté dispuesto a arriesgar la salud y la vida de sus hijos.
