Opinión
Lorena Cortés
Saúl no debió morir por el disparo del arma de un presunto policía. Su pérdida es una herida que nos afecta a todos, recordándonos la necesidad urgente de abordar los limites del uso de la fuerza y la actuación por parte de quienes se supone nos deben de proteger y servir.
La trágica muerte de Saúl el pasado viernes por la madrugada en la capital del estado a manos presuntamente de la Guardia Civil, expone la urgencia de depurar la corporación, esa a la que más de un año el Alcalde de Morelia Alfonso Martínez, lleva señalando y llevando denuncias documentadas de víctimas al gobierno del estado, sin que haya consecuencias, por el contrario el secretario de gobierno, el médico Elías Ibarra en su diagnóstico clínico equivocado de la inseguridad, ha trivializado el tema.
Cuando las denuncias ciudadanas caen en oídos sordos y la indiferencia se convierte en norma, nos enfrentamos a un peligroso riesgo, donde la impunidad es una amenaza constante contra la democracia. Lo que para Ibarra debería ser la alerta de un virus silencioso y peligroso.
Saúl, una víctima más, solo iba pasando por donde estaba una patrulla. La ironía trágica es que la presencia de la policía, en lugar de brindar seguridad, se convierte en una amenaza mortal. Un presunto policía, investido con la autoridad para proteger, terminó arrebatando la vida de Saúl, dejando tras de sí una familia destrozada y una comunidad en duelo.
Este trágico episodio evidencia que la corporación policial padece del cáncer de la corrupción e impunidad: son decenas de denuncias ciudadanas las que ha presentado el gobierno municipal, señalando la persistencia de prácticas corruptas como extorsiones, privación ilegal de la libertad, etc. Hay casos de denuncias ciudadanas, en donde señalan que son los propios agentes de la Guardia Civil los que privan de la libertad a las personas y los llevan a la fuerza al cajero automático para robarles su dinero.
La prevalencia de las decenas de denuncias ciudadanas de actos de corrupción por parte de la Guardia Civil, también es un reflejo directo de la ética establecida por sus mandos y jefes policiales. Si los mandos participan en prácticas corruptas o no toman medidas enérgicas contra la corrupción, los policías asumen estas acciones como aceptables o incluso incentivadas.
Para tener corporaciones policiales libres de corrupción e impunidad la responsabilidad legal es esencial para restaurar la confianza y demostrar que ninguna persona está por encima de la ley; aunque desde palacio nacional el presidente Obrador, se declare por encima de la ley mandando una pesima señal de qué en este país cualquiera puede hacer lo que le venga en gana, total hay una autoridad moral y política por encima de la ley.
En Morelia, como en Michoacán, la ciudadanía merecemos vivir en un entorno seguro y protegido, libre de la amenaza tanto de la delincuencia organizada como de una policía corrupta.
Sin embargo, la ciudadanía se encuentra entre dos fuegos, atrapada entre la delincuencia organizada y la policía corrupta. La falta de opciones seguras crea un dilema angustiante: ¿a quién acudir en busca de protección cuando las instituciones diseñadas para garantizar la seguridad se han vuelto parte del problema?
