Arturo Sánchez, exconsejero electoral, comentó que sin importar el resultado de la consulta popular, los legisladores federales pueden promover comisiones de la verdad en el Congreso, o bien el gobierno federal puede presentar las denuncias correspondientes en caso de tener pruebas sobre hechos del pasado atribuibles a los expresidentes
El resultado de la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ese ejercicio no era necesario, ya que ahora si Morena y el gobierno federal insisten en enjuiciar a expresidentes, deberán presentar pruebas para poderlos denunciar o promover comisiones de la verdad en el Congreso, algo que se advirtió desde el inicio, opinaron el abogado Ignacio Morales Lechuga y el exconsejero electoral Arturo Sánchez.
Luego de que este lunes el INE realizó el cómputo de la consulta popular, determinando una participación de 7% en términos generales, Arturo Sánchez explicó que el órgano electoral deberá entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los resultados del ejercicio, y así concluirá su participación en la consulta. Mencionó que, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá realizar el trámite correspondiente para acreditar que no procede la vinculación de la consulta a las autoridades, debido a que no alcanzó el 40% de participación requerido por la Ley Federal de Consulta Popular.
“Hay trámites que tiene que hacer el INE, que es informar a la Suprema Corte. Y ya las tareas del INE terminaron. (…) La Corte tendrá que revisar y verificar que en efecto no hay la participación necesaria de acuerdo con la ley y la Constitución para hacer vinculante ningún resultado, lo cual no limita que se puedan hacer las investigaciones si las autoridades consideran que hay algún agravio que aclarar. Pero para eso no se necesitaba la consulta, ese era el gran tema, era algo que se podía hacer”, comentó.
El exconsejero electoral dijo que también, sin importar el resultado de la consulta, los legisladores federales pueden promover comisiones de la verdad en el Congreso, o bien el gobierno federal presentar las denuncias correspondientes en caso de tener pruebas sobre hechos del pasado atribuibles a los expresidentes de la República.
“Ahora bien, eso no impide, como bien lo sabíamos, que la Cámara de Diputados o el Senado hagan lo que siempre pudieron haber hecho: si tienen una sospecha de alguna acción o decisión política que debiera ser investigada, debieran hacerlo independientemente de la consulta. Y si el presidente (López Obrador) dice que hagan una comisión de la verdad, si el Congreso está de acuerdo y lo hace, allá el Congreso. No veo que eso genere mayor dificultad, pero la consulta como tal habrá terminado”, destacó.
Sin embargo, el abogado y catedrático en la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Morales Lechuga, también exprocurador General de la República, consideró que no existe fundamento legal para crear comisiones de la verdad.
“No hay fundamento jurídico para hablar de las comisiones de la verdad, no hay tampoco ninguna ley que establezca las comisiones de la verdad, no se mencionan en la Constitución”, opinó.
El abogado constitucionalista consideró que tras los resultados de la consulta popular, “políticamente, el gobierno está recibiendo un mensaje: pónganse a trabajar y cumplir con su deber, y dejen de andar buscando la solución de los problemas del presente y del futuro de México en el pasado, porque eso nada más es campaña electoral”.
Morales Lechuga realizó seis reflexiones sobre el ejercicio de participación ciudadana que organizó el INE el domingo pasado.
“No llegó al 40% sufragio, anda en el 7%, y la resolución no vincula al gobierno para que lleve a cabo lo que el gobierno propuso.
“Es una consulta confusa, por decir lo menos, pareciera una consulta esquizofrénica, porque una cosa es lo que aprobó la Corte y otra la que se estableció a través de una publicidad masiva.
“El tercer punto: si la consulta fuese el respaldo público que el gobierno tiene, yo concluiría que el respaldo es muy bajo. No tomo este respaldo como una cuestión contundente, sino más bien como la inteligencia del votante para seleccionar en qué casos da el apoyo y en qué casos no.
“En quinto lugar, aunque hubiera sido una consulta vinculante, o sin consulta, el gobierno no puede hacer jurídicamente nada que no sea lo que la Constitución le autoriza, es decir, el resultado de la consulta no va a cambiar ni la ley ni la Constitución, ni la obligación del Estado de actuar en contra de todas aquellas personas que hubiesen cometido alguna conducta ilícita. El gobierno no tendrá ahora ningún fundamento para salirse del cause constitucional, que es lo que siempre debió haber hecho.
“En sexto lugar, hay una erogación de 500 millones de pesos, que se podían haber utilizado en el tema de salud, y que no se utilizó adecuadamente. En el Hospital Adolfo López Mateos no tienen ahorita ni siquiera para sacar radiografías y les faltan muchos insumos para atender a los derechohabientes”, dijo Morales Lechuga.
Fuente: El Economista.
