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Presenta Equipo por Michoacán juicio para anular elección a gubernatura

«Ya entregamos a la autoridad electoral los documentos y pruebas necesarias, para que sea la instancia jurisdiccional quien determine la gravedad de las infracciones», informó Oscar Rodolfo Rubio García, coordinador jurídico.

Morelia, Michoacán, a 19 de junio de 2021.- El Equipo por Michoacán presentó Juicio de Inconformidad para solicitar la nulidad de la elección a la gubernatura por violaciones a principios y preceptos constitucionales que rigen el proceso electoral, como son la legalidad, equidad, imparcialidad y libertad del sufragio, así lo dio a conocer Oscar Rodolfo Rubio García, coordinador jurídico.

El medio de impugnación fue entregado este viernes ante el Instituto Electoral de Michoacán, órgano que, siguiendo el trámite legal correspondiente, deberá remitirlo al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), autoridad jurisdiccional electoral encargada de su resolución.

En la demanda se precisan las violaciones a principios constitucionales y preceptos legales, derivado de infracciones graves como son, por mencionar algunas: el que no se haya respetado el tiempo de veda electoral, la existencia de una campaña negra que fue compartida desde las redes sociales de Morena, el pronunciamiento de sindicatos a favor del candidato del partido marrón, así como la presencia del crimen organizado en las casillas electorales en los distritos de Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Múgica y Paracho.

«Ya entregamos a la autoridad electoral los documentos y pruebas necesarias, para que sea la instancia jurisdiccional quien determine la gravedad de las infracciones y violaciones que se encuentran debidamente acreditadas con los medios de prueba que ofrecimos», aseguró el abogado del Equipo por Michoacán.

Rubio García explicó que la ruta jurídica tendrá como finalidad garantizar la constitucionalidad y legalidad de los resultados de las elecciones en Michoacán, por lo que se tiene hasta el 30 de septiembre de 2021, para que las pruebas presentadas sean analizadas por las autoridades jurisdiccionales, tanto la local como, en su caso, la federal.

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