Por: Yurisha Andrade Morales
El martes 25 de octubre se instaló el grupo de trabajo que analiza en la Cámara de Diputados las 104 iniciativas de reformas a la Constitución y legislación secundaria en materia electoral, siendo el eje de la deliberación la que presentó el presidente de la república el pasado 28 de abril proponiendo una profunda transformación del sistema electoral, que incluye, entre otros aspectos, la transformación del INE, ajustes al sistema de representación nacional con nuevas reglas para la composición de las cámaras de diputados y senadores, tanto en lo relativo a su integración como al mecanismo de elección de sus integrantes y las de congresos locales y ayuntamientos.
Se trata de una de las reformas, considerada por el grupo gobernante, como esencial y que ha generado diversos desencuentros entre los actores políticos y la manifestación de posicionamientos por diversos grupos e instituciones como la iglesia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito nacional o la Comisión de Venecia en el orden internacional, en tanto órgano compuesto por expertos independientes que tienen experiencia en instituciones democráticas, que han contribuido al desarrollo del derecho y de la ciencia política o se desempeñan como magistrados, ministros o legisladores.
El tema de mayor relevancia consiste en la posible conversión del INE en INEC y la consecuente supresión de los organismos electorales locales administrativos y jurisdiccionales, lo cual exige plantearnos diversas reflexiones:
Primera. Conforme a nuestro devenir, la organización política y administrativa de las treinta y dos entidades obedece a la realidad de cada una, a su propia diversidad, problemáticas e historia. Son realidades distintas que no obedecen a un molde único y que, para su desarrollo, en el marco del pacto federal, desde hace doscientos años generan sus propios acuerdos jurídicos y políticos que se actualizan periódicamente.
Segunda. La organización político-electoral de los estados de la república se desarrolla en el régimen democrático, representativo y federal de nuestra república, disponiendo de cierta autonomía y soberanía para definir las instituciones y leyes que regulan su vida colectiva.
Tercera. La reforma electoral de 2013-2014 significó la edificación de un modelo organizativo híbrido, con una distribución clara de competencias entre el INE y los OPL, entre el Tribunal Electoral Federal y los tribunales locales. Ello ha permitido organizar elecciones libres y auténticas y una clara defensa de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, con una visión progresiva e incluyente.
Cuarta. Desde la puesta en marcha del actual sistema nacional de elecciones, los organismos administrativos y jurisdiccionales locales, hemos organizado 57 elecciones para la renovación de gubernaturas, 55 ordinarias y 2 extraordinarias, 153 para la renovación de los ayuntamientos y 99 para elegir integrantes de los congresos locales. En todos estos procesos han prevalecido altos estándares de calidad y un apego irrestricto a los principios rectores de la función electoral. La alternancia se ha convertido en una característica de nuestra democracia y ello ha sido posible con garantías de cancha pareja para todos los competidores aplicadas por las autoridades locales.
Quinta. La iniciativa eje de la reforma plantea concentrar todas las elecciones en una sola institución nacional que daría fin a la existencia de organismos que hoy son un garante de la vida democrática de nuestro país y de nuestras entidades. Por ello, las decisiones que se tomen deben evaluar racionalmente las aportaciones que se han hecho desde lo local y la eficacia con la que se han atendido las responsabilidades constitucionales establecidas a nuestros organismos.
Reitero mi opinión expresada en diversos ámbitos. La reforma electoral debe ser para fortalecer y no para destruir avances democráticos de los últimos treinta y dos años. Tiene que ser incluyente y considerar la opinión de todos los actores y de los organismos electorales que hemos acumulado experiencia y generado condiciones de paz social y estabilidad política. El ambiente actual es de polarización y solo podrá superarse por la vía del consenso y de los acuerdos políticos que favorezcan al país.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
Por: Yurisha Andrade Morales
El martes 25 de octubre se instaló el grupo de trabajo que analiza en la Cámara de Diputados las 104 iniciativas de reformas a la Constitución y legislación secundaria en materia electoral, siendo el eje de la deliberación la que presentó el presidente de la república el pasado 28 de abril proponiendo una profunda transformación del sistema electoral, que incluye, entre otros aspectos, la transformación del INE, ajustes al sistema de representación nacional con nuevas reglas para la composición de las cámaras de diputados y senadores, tanto en lo relativo a su integración como al mecanismo de elección de sus integrantes y las de congresos locales y ayuntamientos.
Se trata de una de las reformas, considerada por el grupo gobernante, como esencial y que ha generado diversos desencuentros entre los actores políticos y la manifestación de posicionamientos por diversos grupos e instituciones como la iglesia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito nacional o la Comisión de Venecia en el orden internacional, en tanto órgano compuesto por expertos independientes que tienen experiencia en instituciones democráticas, que han contribuido al desarrollo del derecho y de la ciencia política o se desempeñan como magistrados, ministros o legisladores.
El tema de mayor relevancia consiste en la posible conversión del INE en INEC y la consecuente supresión de los organismos electorales locales administrativos y jurisdiccionales, lo cual exige plantearnos diversas reflexiones:
Primera. Conforme a nuestro devenir, la organización política y administrativa de las treinta y dos entidades obedece a la realidad de cada una, a su propia diversidad, problemáticas e historia. Son realidades distintas que no obedecen a un molde único y que, para su desarrollo, en el marco del pacto federal, desde hace doscientos años generan sus propios acuerdos jurídicos y políticos que se actualizan periódicamente.
Segunda. La organización político-electoral de los estados de la república se desarrolla en el régimen democrático, representativo y federal de nuestra república, disponiendo de cierta autonomía y soberanía para definir las instituciones y leyes que regulan su vida colectiva.
Tercera. La reforma electoral de 2013-2014 significó la edificación de un modelo organizativo híbrido, con una distribución clara de competencias entre el INE y los OPL, entre el Tribunal Electoral Federal y los tribunales locales. Ello ha permitido organizar elecciones libres y auténticas y una clara defensa de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, con una visión progresiva e incluyente.
Cuarta. Desde la puesta en marcha del actual sistema nacional de elecciones, los organismos administrativos y jurisdiccionales locales, hemos organizado 57 elecciones para la renovación de gubernaturas, 55 ordinarias y 2 extraordinarias, 153 para la renovación de los ayuntamientos y 99 para elegir integrantes de los congresos locales. En todos estos procesos han prevalecido altos estándares de calidad y un apego irrestricto a los principios rectores de la función electoral. La alternancia se ha convertido en una característica de nuestra democracia y ello ha sido posible con garantías de cancha pareja para todos los competidores aplicadas por las autoridades locales.
Quinta. La iniciativa eje de la reforma plantea concentrar todas las elecciones en una sola institución nacional que daría fin a la existencia de organismos que hoy son un garante de la vida democrática de nuestro país y de nuestras entidades. Por ello, las decisiones que se tomen deben evaluar racionalmente las aportaciones que se han hecho desde lo local y la eficacia con la que se han atendido las responsabilidades constitucionales establecidas a nuestros organismos.
Reitero mi opinión expresada en diversos ámbitos. La reforma electoral debe ser para fortalecer y no para destruir avances democráticos de los últimos treinta y dos años. Tiene que ser incluyente y considerar la opinión de todos los actores y de los organismos electorales que hemos acumulado experiencia y generado condiciones de paz social y estabilidad política. El ambiente actual es de polarización y solo podrá superarse por la vía del consenso y de los acuerdos políticos que favorezcan al país.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
