Por: Alejandro Carrillo L.
El lunes de esta semana se discute en el pleno del Poder Judicial de la Federación, la propuesta que define eliminar la prisión preventiva oficiosa de nuestro país; el Presidente de la República se pronunció en alguno de sus programas matutinos y definió que la propuesta no la ve viable para nuestro México, porque sería una forma de dejar libres a los delincuentes y esto ocasionaría que la lucha contra estos actos ilícitos que según él se va ganando se pudieran revertir.
¿Usted ha escuchado hablar sobre la presunción de inocencia? Tal vez no con ese título pero es muy popular la denominación de “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, bueno pues gracias a la actual y vigente prisión preventiva oficiosa nuestro sistema jurisdiccional aplaza la presunción de inocencia y acredita la presunción de culpabilidad, es decir “culpable, hasta que se demuestre lo contrario” dejando todo en manos de abogados hábiles y que buscan una muy buena remuneración por sus servicios, algo a lo que mucha de nuestra población no puede acceder y los datos ahí están: según cifras del Cuaderno Penitenciario de Información Estadística Penitenciaria Nacional en diciembre del 2021 el 41% de las personas que están en prisión no han sido sentenciadas por un Juez y están ahí sin una definición de culpabilidad sino tan solo su supuesta acción delictiva.
Este tema tiene una muy mala suerte en acoger empatía, pues solo aquellos que sufren una detención de este tipo junto con sus familias entienden lo que es pasar una situación en la que el sistema judicial no cumple con los elementos necesarios para que la justicia sea justicia: es decir PRONTA Y EXPEDITA. sino las reformas hubieran llegado desde hace tiempo con el propósito de obedecer a la opinión pública.
Hagamos un ejercicio de empatía: imagínese usted caminar por su ciudad y de pronto verse involucrado en alguna situación delictiva donde el único argumento que usted tiene para estar ahí es justamente eso, pasar por ahí. De pronto llegan los policías, alguien lo señala porque sus sentidos le hacen saber que usted estaba mientras se perpetraba el delito, lo suben a la patrulla, lo llevan al ministerio público, este define que mientras es investigada su relación usted será trasladado a un penal, de pronto se cumplen meses, y llega a cumplir años ahí, pues su carpeta de investigación ya está debajo de muchas, después de muchos años se rescata un video donde efectivamente se ve que usted solo cruzaba la calle y sale de prisión, el ministerio publico solo le ofrece una disculpa y le dice que usted estuvo preso porque se vio necesario dictarle una prisión preventiva de oficio para que como no saben si fue o no, pues no se fuera a escapar.
Eso es algo que viven miles de mexicanos en las prisiones, ahora piénselo, ¿se debería quitar o no? Este tipo de acciones llevadas a cabo por el Estado han contribuido a lo largo de los años a callar oposiciones, a sentenciar públicamente (mediante la opinión pública y no mediante un juicio jurídico) a personajes incomodos de la política, a chivos expiatorios, a individuos que muchas de las veces solo “pasaban por ahí” y a muchos otros que sus recursos no les alcanzan para una defensa profesional y que terminan siendo acompañados muchas veces por la buena o mala voluntad del defensor de oficio. Entonces si creemos en la Justicia y en los Principios del Derecho que enmarcan la presunción de inocencia como uno de ellos, ¿Por qué, entonces el presidente (aquel que promovió la amnistía para liberar a muchos presos por delitos menores) no quiere desechar esa injusta resolución administrativa? Piensa mal …
Lo cierto es que la prisión preventiva no desaparecerá, solo aquella que es de oficio y se mantendría la prisión preventiva justificada. Esto abonaría mucho a nuestra justicia, puesto que, a diferencia de la primera, la segunda debe ser avalada por un juez, que tomando en cuenta las razones que viertan las fiscalías, como que se defina al acusado como alguien que pone en riesgo a la sociedad o que es claramente violento, que tiene los recursos para escapar del país o algún otro indicio que justifique que deba llevar su proceso al interior de una celda, podrá emitir la prisión preventiva. De lo contrario haciendo uso de uno de los principios del Derecho en el que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se podrán llevar los procesos judiciales mientras el individuo goza de una libertad a la cual tiene derecho mientras no esté garantizado que haya incumplido o violado una norma.
Por el bien de la justicia de este país, esperamos que el poder judicial le ponga un alto a la capacidad administrativa del poder ejecutivo de sentenciar a una vida en prisión a individuos a los que no se les ha acreditado su colaboración u acción en actos ilícitos, esto le daría certeza y mucho valor al poder judicial que tiene deuda con los ciudadanos que de forma voluntariosa han depositado su confianza y soberanía en la división de poderes.
Eppur si muove
A regañadientes: ¿ya vieron la contestación que da la nueva secretaria de educación pública cuando se le cuestiona sobre cómo se enseñaran matemáticas a un niño de segundo de primaria en el nuevo modelo educativo de la 4t? si no lo vieron yo les digo que la contestación fue: “no podría contestar eso”. Reflexiono una cosa con esto, una nueva respuesta a cualquier examen o pregunta de cualquier profesor a algún alumno puede ser esa y estaría bien. La ineptitud de los ciudadanos que gobiernan es un atentado contra la democracia.
