Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2022.- La atención a los delitos de Secuestro y Extorsión, así como la desaparición de personas, es una tarea en la que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) tiene un compromiso ineludible, expuso el titular de la institución, Adrián López Solís, quien reiteró la importancia de garantizar a las víctimas del delito el ejercicio pleno de su derecho a la verdad y la justicia.
Lo anterior, al encabezar una reunión de evaluación del primer semestre del 2022, con titulares de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) y Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, Rodrigo González Ramírez y Janeth Martínez Mondragón, respectivamente.
En el marco de este encuentro, se dio a conocer que, de enero a junio del presente año, se han obtenido 46 sentencias condenatorias en contra de 95 personas responsables del delito de Secuestro; 22 de las sentencias así como 47 personas sentenciadas corresponden al Sistema Tradicional.
Con relación a las actuaciones para la búsqueda de personas desaparecidas, se expuso que, durante el primer semestre, han sido localizadas 449 personas, de las cuales 237 derivaron de la aplicación de los protocolos establecidos en la Alerta Amber y el resto de la Alerta Alba.
En su mensaje, el Fiscal General subrayó la importancia de apostar al fortalecimiento institucional a través de la optimización de áreas de oportunidad, que permitan el desarrollo y cumplimiento de la función sustantiva de la institución y, en ese sentido, reiteró el compromiso para continuar con labores de gestión necesarias.
Las y los presentes, entre ellos la titular del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), Marisol Moreno Álvarez, el coordinador general de Servicios Periciales, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, así como el Fiscal Coordinador y el titular de la Policía de Investigación, Nicolás Maldonado Millán y Julio Meza Gaona, manifestaron su disposición de trabajar de manera coordinada, para reforzar las actuaciones de la institución en favor de las víctimas del delito.
