Ocupar un cargo público no debería ser únicamente una cuestión de preparación académica, experiencia política o capacidad administrativa. Implica asumir una responsabilidad humana y social que exige madurez emocional, criterio ético, capacidad para resolver conflictos y respeto por la dignidad de quienes integran una institución. Sin embargo, en ocasiones pareciera que algunos funcionarios están más preocupados por proyectar una imagen de poder, aparecer en fotografías con personajes influyentes o construir una narrativa de resultados en lugar de resolver los problemas para los cuales fueron designados.
La función pública no se demuestra tomándose fotos, sino en la capacidad de responder ante las dificultades. No consiste en prometer soluciones para quedar bien, sino en asumir compromisos realistas, reconocer errores y ofrecer respuestas responsables. Cuando la necesidad de aprobación pesa más que el cumplimiento de las obligaciones, la imagen puede terminar sustituyendo al trabajo y el discurso a los resultados.
El problema aparece cuando la autoridad se confunde con superioridad personal. Hay liderazgos que recurren al menosprecio, la intimidación, la descalificación o la agresión pasiva para someter a sus colaboradores logrando así conflictuar el clima laboral, obstaculizando el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales.Las Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo proporcionan recomendaciones basadas en datos probatorios para promover la salud mental, prevenir las afecciones de salud mental y permitir que las personas que tienen esas afecciones participen y prosperen en el trabajo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE ha señalado la importancia de competencias de liderazgo como la colaboración, la resiliencia y la inteligencia emocional para fortalecer el servicio público. Por ello, considero necesario incorporar políticas permanentes de salud mental, formación socioemocional, prevención de riesgos psicosociales y evaluación de competencias de liderazgo en las Instituciones Públicas. Por Ley deberían de existir mecanismos confidenciales de orientación psicológica y procedimientos transparentes para atender el hostigamiento, el abuso de autoridad y los conflictos laborales así mismo la implementación de medidas de apoyo para el fortalecimiento emocional.
Es necesario; evaluar psicológicamente a quienes aspiran a estos cargos de responsabilidad pública: no se trata de excluirles por un diagnóstico ni de convertir esta práctica en una barrera discriminatoria, sino de establecer, con criterios científicos, éticos y pertinentes al puesto, procesos de selección y desarrollo que valoren competencias, integridad y capacidad de gestión. La salud mental en la función pública no debería entenderse como un privilegio del funcionario, sino como parte de una responsabilidad institucional.
Tener claro que el tener poder no garantiza ni demuestra la calidad humana de quien lo ejerce; se demuestra en la forma de dirigirse y tratar a los demás cuando tiene autoridad sobre ellos. La ciudadanía merecemos servidores públicos capaces de resolver problemas, asumir responsabilidades y ejercer el liderazgo con decoro, sensibilidad y respeto.
