Jaime Darío Oseguera Méndez
El Congreso del Estado de Michoacán aprobó reformas sustantivas a la Constitución del Estado en materia política.
Mas pronto que tarde se le dio revés a la figura de la reelección que en este mismo espacio hemos debatido a suficiencia y que, ha probado no ser la solución a los problemas de eficiencia y calidad de nuestro sistema representativo.
Si el principio de no reelección fue el emblema de nuestro sistema político a lo largo del siglo XX, es porque tuvo el suficiente peso histórico para convertirse en una especie de dogma jurídico, una fórmula incombatible, incuestionable, al menos a través de la vigencia del partido hegemónico, cuya solvencia y suficiencia no requerían de la prolongación de los períodos legislativos ni de la permanencia de ciertas figuras en la palestra política. La movilidad política fue un signo del partido hegemónico.
Estas reformas aprobadas en Michoacán dan continuidad a la propuesta de la Presidenta para acabar con la reelección, el sistema de plurinominales como lo conocemos a nivel nacional y el llamado fin del nepotismo político.
El régimen de partidos se fue consolidando plural a finales del Siglo anterior y con ello, se asomó en definitiva la alternancia política. Fue el reflejo del multiculturalismo genuino que nos caracteriza; espejo de una sociedad heterogénea.
A finales del Siglo XX las élites dominantes de todos los partidos, su oligarquía política, se asumió como detentora de la transición y tomaron una serie de acuerdos para mantenerse en el poder, ya fuera desde la oposición o en el gobierno, diseñando una serie de reglas que les permitieranestar permanentemente en el legislativo.
Todos los partidos participaron en el festín de remover el impedimento de la reelección. Cómo no, si se beneficiaban con la tajada de la burbuja política, el reparto de las decisiones, los favores y los reflectores.
Lo cierto es que hoy el Congreso de Michoacán, consecuente con la reforma electoral federal, toma una decisión adecuada por varias razones.
La reelección fue planteada como una forma de mejorar el sistema legislativo. No ha sido así. Paradójicamente, el desprestigio de los legisladores en el país, no tiene que ver con que haya más leyes, como pretenden hacer sentir los legisladores que se asumen muy productivos.
El problema del estado y del país, no es la falta de leyes sino su exceso, mismo que nos lleva directamente al incumplimiento de la norma. La impunidad es producto de un sistema excesivamente regulado en casi todos sus ámbitos: la duplicidad de las leyes, el traslape entre lo local y federal que provoca confusiones. La reelección no ha resuelto este tema de fondo en el período que se mantuvo vigente.
La reelección no ha contribuido a la movilidad política. Una virtud del sistema de no reelección fue la posibilidad de abrir las puertas a una mayor cantidad de candidatos y legisladores. Cuando se permitieron a ellos mismos reelegirse, las élites políticas se organizaron entre sí para autoprotegerse con el disfraz grotesco de sentimientos democráticos. Habrá que hacer un análisis, pero los principales beneficiarios fueron las élites reelegidas. Los de siempre en todos los partidos, incapacitados además para salir a pedir el voto directo.
En lo sucesivo el sistema deberá obligar a quienes asuman cargos de elección popular en todos los partidos, que se expongan al escrutinio de las urnas a través del voto directo, incluyendo la posibilidad de que lleguen primeras y segundas minorías.
La reelección no ha disminuido el costo del Poder Legislativo. Al contrario, si analizamos el proceso de crecimiento del presupuesto a lo largo del tiempo, vemos el encarecimiento escandaloso del Poder Legislativo federal y local, a pesar de que no hay más diputados.
La razón es muy obvia, se ha incrementados sustantiva e innecesariamente el gasto; entre la nómina de áreas administrativas, el gasto corriente y, con mucha seguridad, a través de los salarios de los diputados. Cifras que, por cierto,nadie conoce a ciencia cierta. Los obligados a transparencia son los menos transparentes.
La reelección no necesariamente permite la llegada de mejores cuadros. Se ha dicho que el período legislativo es el escenario de la exhibición de las capacidades de los legisladores y que la reelección sería una especie de calificación o referéndum para que el ciudadano pudiera evaluar el desempeño de sus representantes populares.
La ingenua teoría dice que de esta manera, si algún representante hace bien su trabajo, será premiado con una buena calificación: su permanencia en la Asamblea. Esto ha provocado que se olvide el trabajo legislativo y se privilegie el activismo político tendiente a la reelección
La reelección no genera más capacitación entre los legisladores. Es una verdadera falacia asumir que una persona legisladora será más profesional, inteligente o capacitada para su desempeño legislativo al reelegirse. No es así. Hay maderas que no agarran barniz.
Antes bien, la popularidad con la que se genera la posibilidad de la reelección, desincentiva el trabajo académico y la preparación intelectual entre los legisladores, quienes miden su capacidad y sabiduría en la medida en que ganan o no su reelección o son plurinominales.
Aunque aquí nos hemos referido a los legisladores, también aplica para los ayuntamientos y será motivo de otro comentario.
El argumento es que el sistema de reelección sólo benefició a las élites de los partidos quienes las propusieron y aprobaron.
Es absolutamente cierto que necesitamos cuerpos políticos más capacitados, informados y habilitados para crear leyes pero este propósito no se ha logrado a través de la permanencia y además los legisladores no vienen de otro planeta. Son el reflejo de nosotros mismos.
Lo que sí se sabe de las nuevas disposiciones, es que entraran en el 2030. Ya veremos dijo el ciego. La justicia en los bueyes de mi compadre
