Las extorsiones continúan entre los principales problemas de inseguridad en la región.
Por: Catalina LS
21 de octubre 2026.- A un año del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, las condiciones económicas y de seguridad que denunciaba siguen sin resolverse, mientras las extorsiones y las desventajas comerciales mantienen en crisis a los productores de limón en Michoacán, advirtió la analista en seguridad Lorena Cortés, en entrevista con Esfera Noticias.
“Me parece que hay más desafíos que certezas que se pudieron haber cumplido a un año después del asesinato”, señaló la especialista, al considerar que las demandas de Bravo relacionadas con las condiciones de producción y comercialización del limón continúan pendientes.
La también presidenta de la mesa de seguridad en la región de Morelia, explicó que el modelo económico mantiene en desventaja a los agricultores, pues son los compradores quienes obtienen mayores beneficios, mientras los productores enfrentan dificultades para cubrir sus gastos.
Y esta situación quedó nuevamente expuesta durante las protestas del 19 de octubre, cuando agricultores de Apatzingán y Múgica denunciaron que el kilogramo de limón se paga entre cuatro y cinco pesos, un precio que no alcanza para cubrir los costos de producción y corte.
Cortés también advirtió que las extorsiones continúan entre los principales problemas de inseguridad en la región. Al retomar los señalamientos del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, sostuvo que la situación no puede entenderse únicamente como un problema de delincuencia, sino como la imposición de un poder criminal sobre la vida económica y social de las comunidades.
Así, para la analista, mientras no se corrijan las condiciones económicas que facilitan las extorsiones, difícilmente habrá avances en materia de seguridad, por lo que consideró necesario atender tanto la actividad productiva como la vulnerabilidad que enfrentan los agricultores.
Sobre la detención y vinculación a proceso de César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, por su probable responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo, Cárdenas puntualizó que corresponderá a los tribunales determinar su culpabilidad. Sin embargo, destacó que el proceso representa una expectativa de justicia que trasciende a la familia del dirigente, pues también importa para las víctimas que han padecido de manera sistemática la violencia letal en Apatzingán y sus alrededores.
Finalmente, planteó que la presidenta Claudia Sheinbaum debería acudir personalmente a los municipios afectados para escuchar a las víctimas y conocer directamente las condiciones que enfrentan productores de limón, aguacate y otros cultivos.
A juicio de la especialista, poner a las víctimas en el centro de la atención pública permitiría dimensionar los problemas de inseguridad y gobernabilidad que persisten en Michoacán, donde, a un año del asesinato de Bravo, las exigencias de justicia y de condiciones dignas para trabajar continúan vigentes.
